El Instituto Federal de Defensoría Pública aclaró que el responsable del asesinato de Colosio no sería puesto en libertad aun cuando las autoridades comprueben actos de tortura en su contra.
Georgina Hernández
Mario Aburto acusado del homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, no saldría de prisión, a pesar de haber padecido tortura.
La integrante de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, Verónica Berber, explicó que las autoridades no podrían declararlo inocente.
En entrevista con IMER Noticias, Verónica explicó que el propósito del instituto es que la Fiscalía General de la República investigue los hechos.
En caso de ser procedentes, las autoridades deberán iniciar los procedimientos administrativos y/o penales para los servidores públicos.
“La fiscalía está obligada a investigar este tipo de actos dado la severidad del caso para que no lleven investigaciones de manera infructuosa”
De acuerdo con la abogada, la petición no es un capricho sino una exigencia para que las investigaciones las realicen entes especializados.
De lo contrario, el acceso a la justicia seguiría dilatado y no perseguirían de manera adecuada el presunto delito de tortura.
Verónica Berber explicó los escenarios que podrían llegar a considerar las investigaciones como actos de tortura.
“Lo primero es el tema de las responsabilidades penales y administrativas. Segundo, las violaciones a derechos humanos en contra de él”.
La historia de Mario Aburto
El 23 de marzo de 1994, las autoridades que detuvieron a Mario Aburto en Lomas Taurinas, Tijuana, lo habrían torturado durante su aprehensión.
Por ello, la Defensoría Pública busca llegar al conocimiento de la verdad jurídica e histórica para saber si existe la posibilidad de anular ciertas confesiones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que seguirá de cerca el caso y corroborar que las autoridades cumplan la recomendación emitida el pasado 25 octubre.
De igual forma, la CNDH iniciará una batalla legal contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para abrir los expedientes del caso.
En este contexto, el juez federal Antonio González García realizará la audiencia incidental el próximo 28 de marzo.
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