El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó que las autoridades incumplieron su obligación de investigar la desaparición de Yonathan Mendoza Berrospe en 2013.
Kayleigh Bistraín Alcázar
Agentes del Estado mexicano desaparecieron a Yonathan Mendoza Berrospe en 2013, así lo concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su primera denuncia individual contra México desde que el gobierno reconoció su competencia en octubre de 2020.
En diciembre de 2013, Yonathan, de entonces 17 años, fue detenido por aproximadamente seis hombres que ingresaron de manera violenta a su casa en la ciudad de Veracruz. De acuerdo con testigos, algunos agresores usaban uniformes de la Policía Naval, perteneciente a la Secretaría de Marina, y otros de la policía estatal.
El joven no fue presentado ante las autoridades y su paradero es desconocido desde entonces. Sin embargo, el caso fue archivado en junio de 2015.
La madre de Yonathan presentó el caso ante el Comité en julio de 2021, quien ahora determinó que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar la desaparición del joven, así como la presunta participación de elementos de seguridad, pese a que había suficientes pruebas.
En su informe final, el Comité señaló que el Estado tardó entre seis y ocho años después de la desaparición de Yonathan para realizar acciones de investigación y búsqueda. También observó que la omisión por parte del Estado incumple la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Comité pidió a México garantizar una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes en este caso, enjuiciar a los responsables, y proporcionar una reparación adecuada a su familia.
En un país con más de 111 mil personas desaparecidas, según cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda, la resolución establece por primera vez estándares para la búsqueda diligente de víctimas y para que las autoridades realicen investigaciones efectivas.
Juan José López Ortega, miembro del Comité, confió en “que las pautas fijadas en este caso proporcionen a México las herramientas necesarias para luchar contra el flagelo de la desaparición forzada, que azota el país, y para poner fin a una situación de casi absoluta impunidad, de la que este caso es solo una muestra”.
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