La Suprema Corte ordenó atender la crisis de agua en Ecatepec. Vecinos y autoridades advierten que el reto ahora es garantizar obras, presupuesto y suministro regular.
Escucha este especial de Natalia Matamoros con la producción de Gabriel Apolinar.
Natalia Matamoros
El fallo de la Suprema Corte sobre la implementación de soluciones a la crisis de abasto de agua en Ecatepec, abrió una puerta que durante años permaneció cerrada para la población de la Quinta Zona. Pero para quienes impulsaron la batalla jurídica, conseguir una sentencia favorable es apenas una parte del camino.
Ahora viene hacerla cumplir. Miriam Silva, diputada local del Partido Verde y una de las promotoras de los amparos, advierte que habrá seguimiento permanente a las autoridades responsables para verificar que las medidas ordenadas por la Corte se traduzcan en obras, presupuesto y un suministro regular de agua.
El mandato no es una recomendación. Su incumplimiento puede generar responsabilidades legales para los funcionarios obligados a ejecutar la sentencia. Así lo expone.
«En caso de que la autoridad municipal no quiera cumplir se le multa dos veces. En caso de que no, se le abre, se le avisa a la Fiscalía General de la República por un delito de desacato judicial y se lleva a cabo una destitución e inhabilitación del servidor público».
💧 En Ecatepec, acceder al agua también implica enfrentar riesgos. Isabel, vecina de Fuentes de Aragón, relata que tras sufrir una agresión cuando salió a averiguar por qué no había agua, ahora se ve obligada a comprarla y almacenar sus tambos.
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 8, 2026
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Suprema Corte ordenó atender la crisis de agua en Ecatepec
La resolución también vuelve la mirada hacia las entidades que durante años, tuvieron bajo su responsabilidad el servicio de agua potable en Ecatepec, como el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento, los ODAPAS. Silva señala que deberán revisarse las omisiones cometidas por este ente. Mientras las comunidades enfrentaban un suministro insuficiente y, en ocasiones, agua que llegaba sucia, con olor a minerales o con indicios de contaminación fecal.
A la falta de agua se sumó otra carencia: información, pues durante años, los habitantes buscaron sin éxito en los canales oficiales datos elementales sobre el servicio en la página de ODAPAS. No existía un plan hídrico accesible que detallara mediante un cronograma las obras hidráulicas, las colonias que recibirían agua, en qué fechas llegarían las pipas o cuáles eran las acciones previstas para enfrentar el desabasto. La opacidad acompañó así a la escasez.
«Puedes entrar a la página y ni siquiera verás cuánto es la inversión que se ha dado este año, donde está ejecutándose la obra, qué empresas están ejecutando la obra, si hubo licitaciones públicas, si hubo asignación directa y pues al final el resultado es que está vinculado a una sentencia por ser negligente en su principal función que es hacer programa hídrico».
Esa falta de respuestas fue una de las razones que empujó a los vecinos a recurrir a los tribunales. El proceso comenzó desde 2020 y derivó en una veintena de amparos promovidos por habitantes que denunciaban años de irregularidades.
«Nunca se preocuparon por entablar una política hídrica real»: crisis hídrica en Ecatepec
En el origen estaban las fugas de una red hidráulica envejecida y sin mantenimiento suficiente, las tomas clandestinas y el llamado huachicol hídrico, que permitió extraer y comercializar agua mientras numerosas viviendas permanecían sin servicio.
«Nunca se preocuparon por entablar una política hídrica real, nunca ningún gobierno le invirtió a eso y eso hizo como si fuera una bola de nieve que fuera avanzando a través de los años. Evidentemente si a la gente no le llega el agua, la gente no te paga porque acrtualmente están pagando 30 mil pesos anuales en pipa privada y los derechos están como en tres mil 300».
La disputa tampoco se libró únicamente en los juzgados. Hubo protestas, bloqueos y movilizaciones que llegaron a prolongarse durante horas. Los habitantes salieron a las calles para exigir algo que, insistían, no debía depender de una pipa, una gestión política o la capacidad económica de cada familia: el acceso al agua como derecho humano.
Jessica Puertos, integrante de la Contraloría del Agua, recuerda que la crisis se hizo todavía más evidente durante la pandemia. Mientras una de las principales recomendaciones para evitar contagios era lavarse constantemente las manos, en numerosas viviendas de Ecatepec ni siquiera estaba garantizado el líquido necesario para hacerlo.
«Mil litros en ese entonces estaba entre 150 y 180 pesos. Entoces tú salías con esa desesperación y el pipero te decía te la doy en 200. Pero apúrale porque todos ellos quieren y si llega otro vecino decía: no yo te doy 220. ¿qué ocasionaba? Conflicto entre los vecinos, para desgreñarse. Así se peleaban a golpes por la pipa: yo la vi primero».
Puertos sostiene además que durante años el reparto del agua también fue utilizado como mecanismo de control político y que, en algunos casos, el acceso al servicio llegó a condicionarse al respaldo electoral.
Después de años de escasez, pipas y protestas, el fallo coloca ahora la responsabilidad en las autoridades.
Para los habitantes de la Quinta Zona, su cumplimiento se medirá de una sola forma: que abrir la llave deje de ser una incertidumbre.
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