Concluyó la audiencia del primer caso que aborda la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las consecuencias de la criminalización del aborto en El Salvador.
Kayleigh Bistrain
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó por primera vez las consecuencias de la criminalización del aborto en El Salvador.
Ayer concluyó una audiencia de dos días sobre el caso de Manuela, una mujer que en febrero de 2008 sufrió un parto extrahospitalario y por ello fue condenada a 30 años de prisión bajo el delito de homicidio agravado.
En abril de 2010, murió privada de su libertad, a los 33 años, debido a un cáncer que padecía.
Al concluir la audiencia, su familia pidió justicia para que este tipo de penas no se repitan.
👩🏽⚖👨🏿⚖ Se levanta la sesión. Ha finalizado la segunda jornada de la Audiencia Pública del Caso Manuela y otros Vs. El Salvador 🇸🇻.
🔴Puedes verla nuevamente aquí: https://t.co/MDiS0cBY0S#140PeríodoCorteIDH#ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/LjXHFinlLC
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 11, 2021
La demanda responsabiliza al Estado salvadoreño por violaciones a derechos humanos múltiples: como a no ser privada de la libertad arbitrariamente; a la presunción de inocencia; a la protección judicial; a la defensa; a recurrir el fallo; a la Salud; la vida privada; la vida; al principio de igualdad y al de no discriminación.
Los representantes de la víctima que vivía en una zona rural en situación de pobreza. Un día antes de sufrir el parto extrahospitalario, se cayó mientras lavaba ropa en un río.
Guillermo Ortiz, obstetra especialista en embarazos de alto riesgo, declaró en calidad de perito al COID que, según el historial clínico, Manuela presentaba un embarazo de “alto riesgo” y sufrió de una “parto extrahospitalario intempestivo”.
Al llegar al hospital, la mujer tenía una hemorragia postparto ocasionada por placenta retenida, un desgarre del canal del parto y preeclampsia.
También padecía cáncer linfático detectado un año atrás. El médico que la atendió le brindó una atención deficiente y desde un principio el personal de salud abordó la situación como un aborto. Fue detenida mientras recibía atención médica.
El Código Penal de El Salvador penaliza el aborto y lo tipifica como homicidio agravado. También obliga al personal de salud a denunciar ante las autoridades los casos sospechosos, lo que viola el secreto profesional y genera temor en las mujeres de acudir a centros sanitarios en casos de emergencia obstétrica.
Con este caso la Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.
La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.
