Desde noviembre del año pasado, el pleno del Congreso de la Ciudad de México tiene pendiente discutir el dictamen aprobado en comisiones, para que niñas, niños y adolescentes trans puedan definir su género en su acta de nacimiento.
Adriana Esthela Flores
El 14 de noviembre de 2019, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad de Género de Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen de reformas para permitir que niñas, niños y adolescentes puedan elegir su nombre y su género en el acta de nacimiento mediante un trámite administrativo.
Más de 40 organizaciones que respaldaron el proyecto esperaban que el paso siguiente ocurriera en unos cuantos días. Pero pasaron semanas, luego meses y, hasta el momento, el dictamen no ha llegado al pleno del Congreso.
Luis, un adolescente, describe la tardanza del Congreso para discutir la iniciativa: “Sí, estamos hablando de una falla en el sistema, no sólo está dejando desprotegides a niñes en discriminación, habla de que algo no esta funcionando bien”, dice. Él descubrió su identidad a los 13 años, cuando encontró la definición del término “trans”. Luego de que se lo informó a su familia, decidieron iniciar el camino legal para cambiar la identidad de quien, hasta entonces, era reconocida como niña.
“Fue muy bonito porque me sentí muy identificado con esta definición de qué era lo trans y sentí bonito porque por fin pude nombrar lo que yo sentía. Se los comenté y empezamos a buscar las formas en las que yo pudiera vivir como hombre”.
Luis
Según datos oficiales, en la Ciudad de México se han realizado más de mil 500 trámites de cambio de identidad de género en personas mayores de 18 años, pero este trámite no está permitido para menores de edad. La ruta, entonces, era un juicio de entre 7 meses y dos años, con costos de entre ciento cincuenta y 250 mil pesos, para el que requieren, además, dictámenes y pruebas psicológicas a el o la menor solicitante, sus familias y testigos.
Juicio, una vía discriminatoria
El de Luis fue el primero de los únicos dos amparos en la Ciudad de México para cambio de identidad de género en actas de nacimiento de menores de edad. Ambos procesos los realizó la Asociación de Familias Trans A.C., que ha conseguido otros tres en el resto del país. La presidenta de la organización, Tania Morales, asegura que la imposibilidad de que infantes trans tengan un acta de nacimiento de manera expedita, económica y no patologizante representa un acto de discriminación institucionalizada.
Sobre este juicio, Luis asegura que “es patologizante, denigrante y decidimos que no podía ser el camino. Presentamos un amparo que tardó dos años en resolverse y el único que tuvo que dar consentimiento fui yo. Ya no tienes que estar pidiendo permiso y estar explicando cada vez que te quieren que te traten de una forma, reteniendo tu respiración”, recuerda.
“La discriminación en el día a día es mucha porque asisten a colegios donde hay que estar explicando y esperando que el colegio acepte o no dar educación a la persona porque no tiene el género con el que todo mundo pensaba que vivía. Van a escuela de natación y no les dejan usar cambiadores porque su credencial dice que es niña o niño. Por desgracia todo esto se basa en un acta de nacimiento, no pueden vivir su día a día como cualquier persona”.
Tania Morales , presidenta de la Asociación de Familias Trans A.C.
Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación citados en el dictamen indican que, según especialistas, la identidad de género se desarrolla entre los 18 meses y los tres años de edad, por lo que el marcar la mayoría de edad no garantiza el derecho de identidad para niñas, niños y adolescentes.
Además, estimaciones del Consejo Nacional de Población destacan que en México de 81 mil a 183 mil adolescentes tienen una identidad de género distinta a la asignada al nacer. Por ello, Tania consideró inexplicable que, a pesar de la votación de tres comisiones a favor del dictamen, éste no haya llegado al pleno.
En un comunicado publicado el 31 de marzo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México argumentó que las identidades trans se construyen independientes de los cambios físicos o quirúrgicos y sostuvo que el promedio de esperanza de vida de las personas trans es de entre 35 y 37 años, debido a la violencia, discriminación y rechazo que viven. En un mensaje, la presidenta del consejo, Geraldina González, exhortó al Congreso capitalino a aprobar la iniciativa.
“Una mirada adulto centrista es la que busca impedirles a niños y niñas su desarrollo pensando que personas mayores sabemos mejor que ellos definir sus derechos. Permitir que cambien su acta por viía administrativa permitiría infancias felices y sanas”.
Geraldina González, presidenta Copred
Voces en contra y falta de consenso
Sin embargo, para la filósofa feminista Laura Lecuona, la identidad de género es un concepto vago e impuesto y que detrás de iniciativas como la que se aprobó en noviembre existe, en realidad, un negocio. “Es tener pacientes para toda la vida, fuente de ingreso permanente para ciertas empresas que no se caracterizan por su ética. Para las feministas las niñas y los niños, hacerse colita, traerlo corto, eso es absolutamente irrelevante, no importa como se quiera vestir un niño porque la ropa no tiene sexo”, asegura.
“Quienes violentan a esos niños son personas que con un discurso amable le dice ‘tienes el cuerpo equivocado, porque mira, tú eres niña pero tus gustos y aficiones son de niño. Entonces hay que cambiarte el nombre, más adelante te vamos a plantear la opción para que los pechos no te crezcan y así'”.
Laura Lecuona, filósofa feminista
Frente al argumento de que el acta de nacimiento podría combatir la discriminación a las personas trans, Lecuona advirte que, entonces, hay que luchar contra el bullying y contra los actos de discriminación.
Además, en internet, colectivas feministas divulgaron un pronunciamiento en el que piden al Congreso abrir foros con perspectiva feminista, con apertura a otras voces. A través de un texto, las firmantes consideran que cambiar los procedimientos para modificar los registros oficiales es una falsa solución ante una estructura sexista, ya que no está orientado a erradicar la violencia machista.
La reforma al Código Civil de la capital mexicana establece los siguientes requisitos para que niñas, niños y adolescentes puedan tener un acta de nacimiento con reconocimiento de identidad de género:
- Ir acompañados de al menos alguna de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela;
- Una entrevista con la jueza o el juez para que la o el menor manifiesten su voluntad libre e informada; y
- Que también estén presentes representantes de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y una persona especialista en estudios de género, designada por el Juzgado.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el morenista Temístocles Villanueva, explicó que actualmente, hay 2 puntos que frenan que la iniciativa llegue al pleno, uno de ellos es la patria potestad.
En primer lugar, “hay preocupación de diputadas y diputados (que) dicen que deben ser los dos padres, algunos insistimos en que es un derecho del niño. Hay posturas encontradas sobre la edad para el trámite: una parte de congresistas proponen que el trámite pueda realizarse a partir de los 12 años y otros, que pueda ser antes, para facilitar el tránsito de menores de primaria a secundaria”.
“La mayoría de las y los diputados están a favor del reconocimiento de identidad de genero, donde no encontramos aun mayoría es tema técnico, si estoy a favor solo que con ciertas precisiones”.
Temístocles Villanueva , diputado CDMX
La comisión que está a la cabeza del dictamen es la de Administración y Procuración de Justicia, presidida por Eduardo Santillán. El legislador explicó que, además de la edad y la patria potestad, otro de los puntos donde faltan acuerdos es sobre el mecanismo que garantizará que la expresión de la voluntad del menor sea libre e informada. “Este es un elemento fundamental en el sentido de que no sea solamente el hecho de que se vaya ante la autoriad administrativa sin que se garantice que el menor no sea objeto de presión de ninguna persona” alerta.
Las organizaciones y comisiones que respaldaron el dictamen esperaban que quedara inscrito para el debate en la segunda sesión extraordinaria del Congreso, pero esto no ocurrió. La Junta de Coordinación política tendrá que definir si abrirá una nueva sesión ordinaria para debatirlo y de no ser así, el proyecto tendrá que esperar hasta septiembre, cuando inicia el periodo ordinario.
Santillán explicó que prefiere esperar más tiempo a lograr un dictamen consensado para que la iniciativa esté jurídicamente sólida. “Creo que vale la pena eso y que lo que aprobemos no se caiga en una controversia o lo tumbe la Corte“, puntualizó.
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