La construcción de megaproyectos, la agroindustria y las granjas porcinas tienen en emergencia socioambiental la Península de Yucatán, denunciaron indígenas y ambientalistas.
Natalia Matamoros
Integrantes de pueblos indígenas de la Península de Yucatán y colectivos ambientalistas, declararon la región en emergencia socioambiental.
Las y los activistas explicaron que la construcción de megaproyectos, el uso de productos agroindustriales y la instalación de granjas porcinas que provocan:
- Deforestación de áreas verdes.
- Contaminación de mantos acuíferos.
- Despojo de los territorios.
- Mortandad de polinizadores.
- Alteraciones del clima.
De acuerdo con Itzel Pech, residente del municipio Hopelchén, en Campeche, la siembra de soya y maíz transgénico en la región causó la muerte de mil colmenas, debido al uso de agroquímicos.
Además, la deforestación para el desarrollo de proyectos urbanos y la explotación minera han promovido el desplazamiento de los pueblos originarios y daños ecológicos, entre ellos: la migración de la fauna.
A través de un comunicado, las afectadas afectadas y activistas exigieron a las nuevas autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa):
- Revocar los permisos de granjas porcinas que contaminan los cuerpos de agua.
- Regular el uso de plaguicidas que afectan las siembras, polinizadores y el derecho a la alimentación sana.
- Detener la construcción de megaproyectos turísticos que impacten de forma negativa al medio ambiente.
«Exigimos que en el tema de la apicultura se detenga esta frontera agrícola que ha utilizado mucho la deforestación y la utilización de estos plaguicidas, que ponen en riesgo no solo a los polinizadores y a las abejas, sino a la salud de todos los habitantes de la Península. En el tema de granjas, exigimos que se revoquen los permisos y las licencias y no otorguen ninguna otra autorización a estas empresas que solo están contaminando nuestros cuerpos de agua».
Granjas porcinas, un problema para la Península
La instalación de las granjas porcinas es un dolor de cabeza para los productores agrícolas, porque contaminan los suelos de cultivo y los mantos acuíferos. Según María Beatriz Chalequen, productora agrícola de Yucatán, indicó que en la zona operan 350 granjas que operan en áreas protegidas.
A pesar de los esfuerzos para que sean clausuradas por daños ambientales, las diligencias no avanzan porque grupos empresariales controlan los recursos de la región.
«Contaminación de las empresas, industrias porcícola, avícola, que están contaminando nuestro suelo, el acuífero maya. Hay más de 800 granjas porcícolas en Yucatán y muchas de ellas no cuentan con permiso ambiental. También tenemos 350 granjas en zonas protegidas. Sin embargo, ninguna institución ni secretaría de Gobierno ha podido establecer mecanismos para cambiar este sistema».
Piden reparación debe ser ambiental, social y económica
Para Jorge Fernández, de la organización Ozil Quetzal, no basta con que las autoridades ambientales declaren la emergencia. También deben ejercer acciones para reparación del daño ambiental y económico para reivindicar a aquellas poblaciones que perdieron siembras, polinizadores e incluso tuvieron que mudarse de sus pueblos, tras recibir amenazas por la defensa del territorio.
«Se establezcan toda una serie de medias y mecanismo para detener todos los efectos, los impactos generados por estos megaproyectos e ir generando medidas de reparación por todo el daño causado no solo ambientalmente, sino social y económicamente a las comunidades y pueblos de la Península de Yucatán».
Las y los denunciantes esperan que la nueva administración dé prioridad a estos problemas que amenazan con acabar con los ecosistemas del sur de México.
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