Evita que al menos cinco casos de relevancia nacional puedan ser resueltos por la autoridad electoral, incluido el supuesto apoyo de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Adriana Esthela Flores
La falta de transparencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y de autoridades estatales ha evitado que cinco casos de presuntas irregularidades electorales puedan resolverse.
El Instituto Nacional Electoral denunció que las autoridades se resisten a entregar información sobre el supuesto apoyo de Odebrecht a la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2012 o sobre el presunto uso de recursos públicos de Chiapas en favor de Morena en 2015 y de aportaciones a la campaña de la hoy secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, en las elecciones del Estado de México en 2017.
De acuerdo con un informe de la Comisión de Fiscalización del INE, el caso con más respuestas negativas es el de Emilio Lozoya, relacionado a la entrega de dádivas y sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht al ex director de Pemex a cambio de supuestos beneficios para la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2012 y del ahora gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la campaña de 2017.
“Se trata de información reservada, no es parte del procedimiento penal, impedimentos legales y secreto ministerial genérico”, son algunos de los argumentos de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con el INE.
A seis solicitudes de información que el INE envió a la Fiscalía y a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales, las autoridades negaron la información al argumentar que el instituto no es parte del procedimiento penal.
Sobre la denuncia del PAN, PRD y otros partidos en contra Morena, David León Romero y Pío López Obrador, por presuntas aportaciones indebidas, la Fiscalía argumentó que el caso está bajo investigación y, por tanto, se aplica el secreto ministerial.
La FGR también aplicó este mismo argumento en la denuncia contra el PT por presunto uso de recursos públicos para fines electorales en el año 2017. La presidenta de la comisión, Adriana Favela, mencionó parte de las negativas que ha recibido de las autoridades.
“Nos han negado desafortunadamente la información, bajo el argumento de que es parte por ejemplo del procedimiento penal, eso es lo que alega generalmente la Fiscalía General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y esa es la razón que ellos dan”.
En la denuncia del PAN contra el presunto uso de recursos públicos por parte de Morena y su candidata a la gubernatura del Estado de México en 2017, la ahora secretaria de Educación, Delfina Gómez, el Ayuntamiento de Texcoco no ha respondido a cuatro solicitudes de información y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México reservó la información.
Y en la queja contra varios partidos y el Congreso de Baja California por el probable uso de recursos públicos para financiar una consulta ciudadana, ni la Junta de Coordinación Política ni la Mesa Directiva han atendido las seis solicitudes de información.
La consejera Carla Humphrey pidió a la Secretaría Ejecutiva del INE, en su carácter de representante legal, que analice las rutas jurídicas para resolver esta controversia, pues señaló que el instituto es la autoridad encargada de revisar los ingresos y gastos de partidos políticos y aspirantes.
“Sería buen momento de evaluar cuáles son las opciones jurídicas, a lo mejor como terceros perjudicados, no sé, pero analizar cuál podría ser esa ruta que nos abra este acceso a documentación e información que es muy relevante porque ya hay quejas que tienen muchos años, desde 2014, 2015, 2016, en fin, y que no pueden avanzar porque no tenemos acceso a distinta información”.
