La Escuela de Justicia Comunitaria ayudará a construir herramientas jurídicas para la defensa de derechos humanos de las personas presas.
Georgina Hernández
Con el fin de resignificar la reinserción social y lo que significa una persona que ha salido de prisión, la organización CEA Justicia Social presentó este viernes la Escuela Comunitaria de Justicia en el Estado de México y Ciudad de México.
De acuerdo con María Ana Del Valle Ojeda, cofundadora y coordinadora de Interacción Comunitaria de CEA Justicia Social, este espacio ayudará a construir y fortalecer herramientas jurídicas para la defensa de derechos humanos de las personas que han sido más afectadas por los abusos del sistema de justicia penal.
“El punto de partida de esta experiencia fue un diagnóstico colectivo para identificar justamente cuáles eran estos obstáculos y necesidades de acceso a la justicia. Fue un espacio de compartir y de nombrar las experiencias de un grupo diverso de más de 30 personas del Estado de México y de Ciudad de México que han egresado del sistema de justicia penal o que son familiares de una persona que se encuentra en prisión.
“Ahí entendimos que la mayoría de las personas de ese grupo habían sufrido tortura en su detención o adentro de la institución penitenciaria, que viven la prisión injusta en un contexto en el que se fabrican delitos y eso es el pan de cada día y se emplea el castigo sin el uso de pruebas científicas, la imposición de penas excesivas, de medidas de los jueces que no toman en cuenta que se necesita para sostener la vida misma, la violación al debido proceso”.
Persisten fallas estructurales en el acceso a la justicia: CDHCM
Por su parte, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, señaló que en México persisten fallas estructurales en el servicio fundamental para el acceso a la justicia, lo que impacta en el alto número de personas en prisión.
Indicó que, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, sólo 32 por ciento de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del fuero común son procesadas.
Agregó que esto ha generado la sobrepoblación en 121 centros penitenciarios del país, de los cuales 18 son federales y 103 del fuero común.
Asimismo, indicó que el Estado de México es la entidad con mayor población penitenciaria, seguida de Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora.
Sumado a esto, hay una falta de defensa adecuada y un diseño normativo punitivo, en el que el uso de la privación de la libertad no es el último, sino el primer recurso.
“La falta de un enfoque restaurativo en nuestro sistema penal y su aplicación, así como su ausencia en la atención tanto a la conflictividad inherente a las dinámicas entre las personas y comunidades, como a las causas estructurales de la desigualdad en general, no nos permiten avanzar como sociedad hacia escenarios de mayor justicia social en los que las responsabilidades sean asumidas de manera individual o colectiva, civil o institucionalmente.
“Ante este panorama, dos elementos constituyen factores de resistencia y de posibilidad de progreso: el primero, la educación para disminuir la simetría del poder entre el Estado y la representación legal público-privada; la segunda, la acción comunitaria versus la acción individual, que fortalece las estrategias y genera una base de acción a partir de la unidad, la convergencia y la identidad de los impactos de un sistema.
“Es decir, no es problema de uno, es problema de todos. Lo que le pasa a uno afecta no nada más a su familia, sino también a sus comunidades y nos afecta como sociedad en su conjunto”.
En esta iniciativa participan instituciones de defensa pública locales y federal, las Fiscalías Generales de Justicia; el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM; la Universidad Autónoma de Ciudad de México.
Asimismo, las organizaciones CEA Justicia Social, Mujeres Unidas por la Libertad, y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
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