Las personas corren el riesgo de ser torturadas durante los traslados, por lo que Documenta AC pide transparencia a las autoridades y participación de la CNDH.
Un día después de que se anunciara el cierre del Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, comenzaron los traslados de las personas privadas de su libertad. La celeridad ha hecho que defensores de derechos humanos dentro del sistema de justicia actúen con la misma prontitud para garantizar la integridad de las personas.
“Está probado que los traslados son momentos muy vulnerables para las personas [privadas de su libertad] y por eso se tiene que garantizar su integridad”, comenta María Sirvent Bravo, directora ejecutiva de Documenta AC, en Entrevista para la Segunda Emisión de IMER Noticias.
Documenta es una organización de la sociedad civil que busca que el sistema de justicia mexicano respete en todo momento los derechos humanos de las personas internas en penales, lo cuales son vulnerados generalmente en los traslados.
Sirvent identifica como un modus operandi de las autoridades penitenciarias hacer traslados durante las madrugadas, sin previa notificación y pueden llegar a durar horas. Las personas incluso están expuestas a ser víctimas de tortura.
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Atenco señala que durante un traslado mujeres fueron víctimas de violencia sexual, lo cual, se tipificó como tortura sexual, ejemplifica la especialista. Por lo que las autoridades deben garantizar todas las salvaguardias judiciales, conforme lo establece la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Hasta el momento se sabe que cerca de 25 internos fueron trasladados a las 6 de la mañana de este 29 de septiembre. La prontitud de los traslados, un día después del anuncio del cierre de Puente Grande, puede ser para evitar motines o inconformidad por el cierre. Sin embargo, los movimientos de internos no tienen que hacerse de inmediato.
“Es un derecho constitucional salvaguardar la integridad e identidad de todas las personas”, dice Sirvent. Para ello es necesario transparentar la información de a dónde las van a trasladar y notificar al interno y las familias previo al traslado.
Para garantizar estos derechos, Documenta solicitó medidas precautorias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo papel debería ser de vigilar, monitorear y garantizar la integridad de las personas durante los traslados.
Todavía no han tenido respuesta del organismo y tampoco tienen noticias de que tengan presencia en Puente Grandes, de acuerdo con lo que parientes de los internos les han notificado. Estos últimos, tampoco tienen información de a dónde ni cuándo serán traslados sus familiares ni porqué a esos lugares,
Sirvent considera que la autoridad, al menos, debería hacer pública su estrategia y en la medida de lo posible que la persona cumpla su sentencia en el lugar más cercano a su domicilio.
