De acuerdo con Miguel Ángel Santibañez, especialista en finanzas públicas de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Anexo Transversal Anticorrupción acierta al vincular el uso de recursos con las autoridades en la materia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (CCSNA) tienen una propuesta detallada de cómo utilizar los recursos para el combate a la corrupción, así lo indica la revisión que Ethos Laboratorio de Políticas Públicas realizó al Anexo Transversal Anticorrupción incluido en el proyecto de egresos del 2021.
El gobierno federal incluye en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federales anexos transversales que atienden problemáticas identificadas. Esta herramienta permite identificar los recursos, dependencias y acciones a las cuales se destina el dinero.
En entrevista para la Segunda Emisión de IMER Noticias, Miguel Ángel Santibañez, especialista en finanzas públicas de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, comenta que la propuesta para 2021 no es equiparable a la de años anteriores, si bien los recursos son menores ahora tienen una vinculación real con las autoridades anticorrupción.
Para 2021, en materia de corrupción, el gobierno propone 3 mil 300 millones de pesos, un 61% menos que en 2018. Sin embargo, la metodología para el próximo año es más específica al venir vinculada con las 40 prioridades de la política nacional anticorrupción, presentados este año por la CCSNA, lo que le da solidez al anexo.
El CCSNA está conformado por siete sillas, es decir, dependencias encargadas que el gobierno federal tiene articuladas para el combate a la corrupción, ya sea en la prevención, detección o su sanción. Entre ellas se encuentra el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Una de las ausencias que destacan en el anexo transversal es la vinculación con la Auditoría Superior de la Federación. El Ethos Laboratorio considera importante que en la discusión del proyecto de presupuesto, que se debe de aprobar antes del 15 de noviembre, se incluya al organismo de fiscalización superior en el país.
