Adela Navarro sostiene que las agencias de EU han obligado a México a actuar contra el narcotráfico y el lavado de dinero, mientras persisten la impunidad y presuntos nexos entre autoridades y grupos criminales.
Escucha nuestra conversación con Adela Navarro Bello, directora del semanario tijuanense Semanario ZETA.
Laura Velarde
La directora del semanario tijuanense Semanario ZETA, Adela Navarro Bello, aseguró que las agencias de seguridad y financieras de Estados Unidos han desempeñado un papel determinante en el combate al narcotráfico y al lavado de dinero en México, al grado de obligar a las autoridades mexicanas a actuar ante investigaciones que, de otra manera, permanecerían estancadas.
Durante conversatorio con IMER Noticias, la periodista señaló que organismos estadounidenses como el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras instancias de seguridad han tomado medidas contra políticos, empresarios y empresas presuntamente vinculados con organizaciones criminales, generando presión para que las instituciones mexicanas respondan.
“Lo que ha sucedido en los últimos años es que las agencias de los Estados Unidos han obligado un poco a las mexicanas también a hacer su trabajo. El Departamento de Estado retira visas a políticos sobre los que existen sospechas o investigaciones relacionadas con la criminalidad organizada, mientras que las listas de la OFAC y del Departamento del Tesoro sobre empresas ligadas a cárteles de la droga también obligan a la Unidad de Inteligencia Financiera en México a actuar y abrir investigaciones”.
Navarro recordó que en administraciones anteriores la Unidad de Inteligencia Financiera realizaba investigaciones que permitían identificar redes empresariales vinculadas a organizaciones criminales y congelar recursos financieros. Pero consideró que actualmente las acciones suelen producirse como respuesta a decisiones tomadas en Estados Unidos.
La directora de ZETA puso como ejemplo una investigación dada a conocer en septiembre pasado sobre una presunta red vinculada al narcotráfico en Baja California.
“Cuando las autoridades estadounidenses señalaron una red ligada a una célula del Cártel de Sinaloa en Rosarito y mencionaron a empresas, empresarios y una exalcaldesa, inmediatamente hubo congelamiento de cuentas y retiro de visas en Estados Unidos, y la UIF hizo lo propio en México. Sin embargo, las investigaciones siguen pendientes y las personas señaladas continúan desarrollando actividades mientras no exista una resolución judicial en el país”.
El titular del DHS de EE. UU., Markwayne Mullin, advirtió ante el Congreso que los cárteles controlan cada pulgada de la frontera norte de México mediante "plazas". El diagnóstico tensa la relación bilateral tras los reclamos de Trump en el G7 y la respuesta de Sheinbaum.…
— Adela Navarro Bello (@adelanavarro) June 26, 2026
Falta de investigaciones profundas
La periodista cuestionó la capacidad de las autoridades mexicanas para investigar delitos relacionados con lavado de dinero y vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
“México, en materia de lavado de dinero, no ha tenido los resultados que debería tener porque no existen investigaciones de profundidad. Lo que hacen las autoridades estadounidenses termina por orillar o incluso obligar a México a reaccionar e iniciar investigaciones, aunque muchas veces de manera lenta”.
En ese contexto, lamentó que en diversas ocasiones las víctimas encuentren respuestas judiciales fuera del país debido a los altos niveles de impunidad.
“Es muy desafortunado que, ante la impunidad que impera en México en materia de inseguridad, violencia y narcotráfico, a veces la justicia la encuentras en el extranjero. Lo que correspondería es que las autoridades mexicanas realizaran las investigaciones para confirmar o descartar los señalamientos, pero no tenemos esa garantía porque las instituciones no están siendo utilizadas con la eficacia necesaria”.
Impunidad y silencio institucional: Agencias de EU impulsan en México actuar contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
La directora de ZETA sostuvo que uno de los problemas más graves es la presunta infiltración del crimen organizado en corporaciones e instituciones públicas.
“Siempre lo hemos reiterado: el narcotráfico y el crimen organizado no podrían avanzar ni desarrollarse sin la ayuda del Estado, particularmente a través de corporaciones policíacas y funcionarios que colaboran con estas estructuras criminales. Hemos documentado casos en los que policías municipales colaboraban con grupos criminales proporcionando información sobre operativos, alertándolos de investigaciones o incluso participando en acciones contra grupos rivales. Se trata de una relación directa entre estructuras del Estado y el narcotráfico que termina afectando a toda la sociedad”.
Navarro también expresó preocupación por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán y por las versiones que apuntan a la posible participación de elementos policiales.
“Es muy desesperanzador y frustrante saber que el Estado, que debería proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad, aparece una y otra vez vinculado a hechos graves o protegiendo a quienes participan en ellos. Eso es extremadamente delicado para cualquier democracia y para cualquier sociedad”.
El secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz expone la vulnerabilidad de la prensa y la colusión institucional, con la detención de cuatro policías implicados. No basta con hallar indicios; exigimos castigo a los culpables, garantías de seguridad y justicia real, no…
Te recomendamos:
Planta de Chiapas alcanzará 180 millones de moscas estériles por semana: SADER
