Roberto Gutiérrez, jefe del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, considera que se debe apoyar a la iniciativa privada para impulsar el desarrollo en el sector.
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IMER Noticias
Tal como está planteada la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador implica riesgos a la economía y a la productividad, advirtió el académico e investigador Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa.
Gutiérrez, que en 2014 coordinó el libro “Presente y perspectivas de la reforma energética en México” y que ha seguido evaluando la política energética para el país, dijo que la solución actual no es dejar de apoyar a los productores privados ni centralizar el proceso de generación y distribución de energía en la Comisión Federal de Electricidad. Ello significaría, alertó, un alto costo para el futuro del país.
Estos son sus argumentos resumidos en cinco frases clave:
“Si pasa la reforma así como está es sumamente controversial y va a generar una transformación en la forma en que producimos, generamos, transformamos, distribuimos y vendemos la energía eléctrica. Si no es en el corto plazo, por el compromiso que tiene el gobierno de mantener precios al ritmo de crecimiento de la inflación, en el mediano plazo lo vamos a resentir mucho y no sólo en términos del costo para las familias, sino en términos de nuestros compromisos internacionales”.
“Creímos que la privatización era la única solución para la industria, seguramente nos equivocamos; pero ahora creemos que la única alternativa para darle energía eléctrica a un país de 129 millones de habitantes es una sola empresa y volver al esquema del monopolio también es algo muy arriesgado”.
“No podemos dejar de apoyar a ciertos productores que contribuyen a la generación de energía eléctrica, o sea, si los vamos a ver como enemigos porque pertenecen a la iniciativa privada, porque son dueños de empresas que generan empleos, creo que esa no es la solución”.
“No podemos dar la espalda a las energías amigables, al medio ambiente, no podemos rechazar nuestros compromisos en la COP21 que nos llevarían a una reducción de los gases de efecto invernadero de casi 30% de aquí a 2030. Con esta reforma no lo cumpliríamos”.
“Yo no encuentro ningún sistema político en el mundo en el que pueda hacerse un cambio permanente sin estar sujeto a los vaivenes políticos. Si en otra ocasión llega un gobierno que no piensa igual que este y quiere regresar a lo que se hizo en 2013, sucedería que entonces el progreso no avanza y en este proceso nos quedamos en la ley de péndulo”.
30 años de reformas
Para entender lo que está pasando actualmente es necesario echar la vista atrás, hacia 1992, cuando se empezó a abrir a la iniciativa privada la producción de energía eléctrica, cuando se crearon los órganos reguladores y cuando se abrió la puerta para las siguientes reformas de 2008 y 2013, dijo Gutiérrez.
Por aquellos años ya se reconocía que era muy difícil para una sola entidad llevar la responsabilidad de la generación, distribución y transporte de energía, inclusive la planeación y la determinación de las tarifas.
Pero el 1 de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una propuesta al Congreso para dejar de privilegiar a los privados y poner en el centro a la Comisión Federal de Electricidad y que la Secretaría de Energía eventualmente absorba a los órganos reguladores.