Tres diputados federales evadieron su responsabilidad para iniciar la discusión de la reforma a la Ley Minera, lo que ha provocado que no exista un dictamen para llevarla al pleno de San Lázaro.
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IMER Noticias
La iniciativa de reforma a la Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha avanzado en la Cámara de Diputados debido a que tres legisladores no han querido abordar el asunto.
El presidente de la Comisión de Economía, el panista Jorge Inzunza, se negó a emitir una convocatoria para discutir la reforma en las comisiones de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, Morena tenía la opción de reunir siete firmas de secretarios de la Comisión de Economía para emitir la convocatoria. No obstante, los morenistas Carlos Noriega y Yeidckol Polevnsky no firmaron.
En entrevista para IMER Noticias, Beatriz Olivera, directora de Engenera e integrante de la Colectiva “Cambiemos Ya”, aseguró que se escondieron para evadir esta responsabilidad.
“Los diputados no aparecieron, se escindieron. No contestaron el teléfono ni se aparecieron. Esa fue la estrategia que usaron para ganar algo de tiempo para que la iniciativa no inicie su discusión”.
Para Beatriz, esta estrategia muestra que estos diputados buscan aplazar su discusión para el siguiente periodo ordinario de sesiones. Esto, luego de que el próximo 30 de abril termina el periodo y el siguiente será hasta septiembre.
Sin embargo, en septiembre, los y las legisladoras dan prioridad a temas como el presupuesto del 2024, por lo que no descarta que la iniciativa quede en la congeladora.
“Ese periodo (el de septiembre) se destina a discutir y aprobar el presupuesto. Son sesiones larguísimas de mucho trabajo en la que los legisladores prácticamente ya no tienen tiempo para otros temas. Entonces parece que esa es la propuesta de esos disputados”.
Los cambios de la reforma de la Ley Minera
Beatriz Olivera recordó que la iniciativa a la reforma a la Ley Minera propone eliminar el carácter de preferencia que tiene esta actividad sobre cualquier otra actividad.
Es decir, la reforma establece que la minería ya no tendrá el carácter preferente del territorio ni del agua.
También se reducen los años de las concesiones. Actualmente hay permisos que duran hasta 100 años, entonces se busca que ahora duren 15 años con una posible extensión de 15 años más.
Además, dará voz y voto a las comunidades originarias para que decidan sobre su territorio y los proyectos que existan cerca de sus pueblos.
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