Diez de los y las magistradas votaron a favor de invalidarla al argumentar que violaba los principios de proporcionalidad de las penas.
Georgina Hernández
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la sanción que inhabilitaba de manera permanente a servidores públicos, docentes y personal administrativo de instituciones educativas o de asistencia social que reincidieran en conducta de hostigamiento sexual.
Esta pena estaba contemplada en el último párrafo del artículo 130 del Código Penal de Quintana Roo.
Los y las ministras resolvieron este caso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad al argumentar que violaba los principios de proporcionalidad de las penas y de reinserción social. Diez integrantes de la Corte respaldaron la decisión.
“Este anclaje de política criminal no puede por sí justificar la constitucionalidad de la pena. Además, el proyecto expone que la pena que inhabilite de manera permanente muestra una acción de inconstitucionalidad”.
No obstante, indicaron que, si bien tiene que reconocer la grave situación de abuso y violencia sexual que viven cada día las niñas y mujeres del país, calificaron la pena en “excesiva y desproporcionada”.
Así lo explicó el ministro Luis María Aguilar Morales.
“Considero que la inhabilitación perpetua descarta los alcances de reinserción de los sujetos a las que se les condena esta pena, pues impide que se desarrolle libremente en su entorno social”.
El único voto en contra
La única que votó en contra de este proyecto fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Para ella, la norma preveía una sanción y constituía una medida de protección en favor de las niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas. Además a las mujeres que laboran en el sector público.
La decisión de la Corte tiene efectos retroactivos, por lo que todos los que hayan sido sancionados con esta inhabilitación permanente quedarán librados de este castigo.
Se invalidó la disposición del Código Penal de Quintana Roo donde se preveía la inhabilitación definitiva de funcionarios públicos.
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— Suprema Corte (@SCJN) March 23, 2023
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