Expertos de la ONU documentan que el gobierno de Nicaragua habría financiado la represión y ampliado la persecución contra opositores.
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Karen Tlali
En entrevista para Entrelíneas con Adriana Esthela Flores conversamos con Jan-Michael Simon sobre el informe de expertos de la ONU sobre la situación en Nicaragua, el cual documenta cómo el gobierno estaría financiando la represión contra opositores mediante el desvío de recursos públicos y extendiendo sus operaciones de vigilancia e inteligencia más allá de sus fronteras.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que el aparato estatal bajo el liderazgo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo habría consolidado un modelo en el que la corrupción institucional se utiliza para sostener mecanismos de control político y persecución contra disidentes.
Corrupción para financiar la represión
Durante la entrevista, Simon explicó que el grupo de expertos detectó una forma de corrupción distinta a la que comúnmente se analiza en los sistemas de gobierno.
“La corriente dominante en la lucha contra la corrupción se centra en el uso indebido del poder para beneficio propio, pero nuestro informe revela la dimensión estructural de la corrupción en el Estado de Nicaragua. La corrupción se utiliza como una herramienta para financiar directamente la represión política mediante el desvío de fondos”.
El especialista indicó que estos recursos habrían servido para sostener operaciones represivas que incluyen tanto estructuras estatales como grupos paraestatales que actúan de manera encubierta.
“Las operaciones que hemos identificado muestran que existían estructuras abiertas, pero también grupos paraestatales que operaban encubiertamente. Estas acciones atacaron a manifestantes desde 2018 y provocaron más de 300 muertes y más de 2 mil personas heridas”.
👉🗣️ "Nuestro nuevo informe revela una dimensión estructural de la corrupción en el Estado nicaragüense, es decir, la corrupción como herramienta para financiar la represión política", dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre #Nicaragua. pic.twitter.com/F3Umq6DO8h
— Gran Confederación Opositora Nicaragüense GCON (@GCONicaragua) March 11, 2026
Exilio, vigilancia y desnacionalización
De acuerdo con el informe, el sistema de represión no se limita al territorio nicaragüense. Simon explicó que el gobierno ha desarrollado mecanismos de persecución contra opositores y críticos incluso en el extranjero.
“Hay que distinguir entre operaciones hacia dentro del país y operaciones fuera del país. Existe una represión transnacional que incluye un brazo de inteligencia dedicado a recolectar información sobre objetivos en el exterior y luego una parte operativa que ejecuta las acciones”.
El reporte también documenta prácticas como la retirada arbitraria de la nacionalidad a opositores, una medida que ha afectado a cientos de personas.
“Más de 500 personas han sido desnacionalizadas. En muchos casos quedaron sin ninguna nacionalidad. Pero también existen prácticas de desnacionalización de facto, como negar la renovación de pasaportes o registros civiles, lo que puede afectar a miles de personas”.
El impacto de estas políticas se refleja en el número de ciudadanos que han solicitado asilo en otros países. Según estimaciones del grupo de expertos, alrededor de 360 mil nicaragüenses han pedido protección internacional, una de las cifras más altas del mundo en proporción a su población.
Ante este panorama, el experto reconoció que los mecanismos tradicionales de justicia internacional enfrentan limitaciones para sancionar a los responsables, aunque destacó el papel de las sanciones individuales contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos.
El grupo ha identificado al menos 54 personas vinculadas directamente con estas prácticas, que podrían ser objeto de medidas restrictivas por parte de distintos países.
Vulnerabilidad extrema en Nicaragua
Simon advirtió que el deterioro de la situación política y social en Nicaragua coloca a la población en una posición de vulnerabilidad extrema.
“El escenario, en pocas palabras, es que el gobierno de Nicaragua ha tomado de rehén a toda su población. En el contexto geopolítico actual existe el riesgo de que esa población termine siendo utilizada como moneda de cambio en posibles discusiones sobre el futuro del país”.
El informe del grupo de expertos de la ONU exhorta al gobierno nicaragüense a restablecer el espacio cívico, garantizar los derechos fundamentales de la población y asegurar la rendición de cuentas frente a las violaciones documentadas.
Nicaragua’s Government is using misused public funds to finance repression and a transnational surveillance network to target opponents, including exiles, according to Independent UN experts. https://t.co/2YBtMVn8uU
— UN News (@UN_News_Centre) March 10, 2026
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