Marta Patricia Velarde, afectada por el ecosidio del Rio Sonora, destacó que retroceder con la ley minera no afecta ni al presidente ni a Morena, sino al medio ambiente.
Elsy Cerero
Más de 200 integrantes de comunidades afectadas por actividades mineras y organizaciones defensoras del medio ambiente exigieron a los y las legisladoras no dar marcha atrás con la recién aprobación de la ley minera.
Esto, ante la amenaza de que partidos opositores a Morena en el Senado impugnen esta iniciativa.
Marta Patricia Velarde, ciudadana afectada por la contaminación de Grupo México a los ríos Sonora y Bacanuchi hace ocho años, dijo que la demanda ciudadana también va dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Puesto que se ha hecho una práctica legislativa de llevar a los tribunales el querer frenar reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Corte.
Por ello, pidió a las legisladoras y legisladores respetar la ley minera al recordar que los derechos no se impugnan.
“No hay argumento válido (impugnación), los legisladores lo único que reclaman es la forma en que se aprobó la reforma.
Con ella se armonizan tanto la constitución como las leyes secundarias modificadas de acuerdo a todos los convenios internacionales firmados por México de preservación y cuidado del medio ambiente y sus comunidades”.
Para Marta Patricia, el Estado, legisladores y ministros deben velar por la ciudadanía y tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos.
Como ejemplo puso el ecosidio en el Río Sonora, provocado por la minera Grupo México en 2014, que dejó un daño por más de 20 mil millones de pesos y afectaciones a la salud como cáncer.
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