A cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de la Comisión Nacional de Búsqueda no cuentan con reglamentos en la materia.
Georgina Hernández
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada cuestionó al Estado mexicano por la tardanza en publicar los reglamentos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Durante el segundo día del diálogo público entre el órgano de expertos independientes y México, la experta Carmen Rosa Villa recordó que van cinco años sin reglamentos, puesto que la norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.
Además, la Comisión Nacional de Búsqueda y las 32 Comisiones Locales no suelen contar con todas las herramientas necesarias para la ejecución de su mandato.
También cuestionó la capacitación que reciben las personas que trabajan en estos espacios porque han recibido reportes de que las víctimas que acuden a denunciar son revictimizadas.
“A la fecha no tenemos información. Nos gustaría saber cuál es el estatus de la ruta trazada en la que se encuentra el reglamento. Si se encuentra al principio, a la mitad o cerca de ser aprobada”.
Para Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que la federación emprendió acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda.
Como ejemplo mencionó el aumento de 134 por ciento en el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda al pasar de 468 millones de pesos en 2018 a mil 097 millones de pesos en 2023.
Respecto a la publicación de los reglamentos, Irazoque indicó que el de la comisión podría aprobarse este año.
No obstante, respecto al de la Ley General precisó que en próximas fechas será sometido a un escrutinio entre familiares de víctimas, académicos, expertos y público en general.
“Es un proceso más complejo, iniciamos por tener espacios de diálogo con las familias para que podamos recibir sus comentarios y observaciones. Pero, respecto al reglamento interno es más fácil decir que está cerca de aprobarse”.
El experto Juan Pablo Albán calificó como escasa la judicialización de casos de desaparición forzada; así como a la información que han recibido respecto a que los familiares de las víctimas no siempre pueden acceder a los expedientes de las investigaciones.
También insistió en el tema de las medidas y acciones emprendidas en México para proteger a las personas involucradas en los esfuerzos de búsqueda.
De 2018 a la fecha, las autoridades han judicializado mil 193 averiguaciones y carpetas, de las cuales, 271 terminaron con sentencia: 218 condenas y 53 absoluciones.
Te recomendamos:
Encinas pide a familias de desaparecidos “no preocuparse” por censo nacional
