La lenta expansión de radios comunitarias, indígenas y afromexicanas se debe a prácticas administrativas impuestas a los pueblos originarios.
Georgina Hernández
La lentitud en la expansión de radios comunitarias, indígenas y afromexicanas en México no sólo se debe a las barreras económicas, sino también a las prácticas administrativas que les imponen a los pueblos originarios y comunidades, pese a ser ajenas a sus culturas.
Así lo advirtió Adriana Labardini, coordinadora para América Latina y el Caribe de Política Pública y Regulación, durante el segundo día del 3° Foro Internacional de Medios Comunitarios, Indígenas y Afromexicanos. Igualmente, sostuvo que esto es una clara evidencia de que en México no se aplica la Constitución ni el derecho internacional:
“Creo que le vendría muy bien a todos los niveles de gobierno entender cómo aplicar en la vida diaria, no nada más en el discurso, estos derechos a la libre determinación. La primera en apuntarse debería ser la Secretaría de Hacienda que sigue exigiendo una asociación civil a los pueblos indígenas con concesiones de radio a sus comunidades para darse de alta en el RFC, es inaudito.
El instituto otorga una concesión a la comunidad indígena de tal o cual lugar sin necesidad de escrituras públicas notariales ni formalidades ajenas a la cultura indígena, y luego esas comunidades, para aspirar a la publicidad oficial, necesitan emitir facturas, para eso necesitan un RFC, llegan a la ventanilla de Hacienda y lo primero que les piden es: primero demuéstrame que realmente eres indígena”.
Inicia el #Día2 de nuestro #ForoInternacional de #MediosComunitarios, #Indígenas y #Afromexicanos, con la #Mesa7: “Más y mejores radios comunitarias e indígenas. Recomendaciones para la subsistencia de los medios sociales”.
— IFT (@IFT_MX) August 8, 2024
Participan en este diálogo @C_Humphrey_J, Consejera del… pic.twitter.com/9aE4kTGGfG
Labardini se refirió al compromiso que debe existir desde los medios públicos para actuar en conjunto y crear acciones para que los contenidos de las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas sean difundidos.
En ese sentido, la coordinadora hizo un llamado para que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas deje de ser “letra muerta”:
“Hay una obligación de los medios públicos de abrir espacios, no a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche, abrir múltiples espacios para que ustedes puedan difundir sus mensajes en lenguas indígenas en medios públicos y también en medios comerciales. Exijan que no sea letra muerta.
Tiene más de una década esa disposición en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que, sea radio pública estatal, sea IMER, sean radios federales, locales o municipales o también radios comerciales, les den espacios semanalmente para comunicación indígena, es muy importante. No dejemos que la ley sea letra muerta en este país, exijamos los accesos al pluralismo que ya nos da esta ley”.
Derechos político-electorales
Labardini Inzunza indicó que debe haber asimetrías regulatorias, es decir, no exigir lo mismo a concesionarios comerciales que a indígenas. También, sugirió que los mensajes no deben ser traducidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por las radios comunitarias con sus formas, modelos y lenguajes, pero precisó que la autoridad sí debe otorgar apoyos para esto.
Por su parte, la consejera del INE, Carla Humphrey, reconoció que aún falta generar más vínculos y espacios con las radios comunitarias e indígenas, los cuales, dijo, son instrumentos valiosos para promover y difundir la cultura democrática.
Humphrey señaló que es necesario trabajar en el fortalecimiento de la difusión del contenido en lenguas indígenas y en la promoción del diálogo. Esto con el fin de implementar acciones de difusión sobre la participación de las mujeres en las comunidades:
“Estas radios son para nosotros una herramienta muy importante para potenciar estos procesos de difusión de participación política y electoral. Sí de pueblos y comunidades indígenas, pero también han sido grandes aliadas estas radios para generar la participación de mujeres indígenas que son las más violentadas en nuestro país. El 75% de violencia política en razón de género, es decir, de mujeres que son violentadas cuando quieren acceder a un cargo público son justamente al nivel de pueblos y comunidades indígenas”.
La consejera del INE reveló que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género tiene 447 registros, de los cuales, por lo menos, 164 provienen de mujeres indígenas.
Al respecto, precisó que el mayor número de denuncias fueron por:
- Conductas estereotipadas.
- Omisiones encaminadas a obstaculizar el ejercicio del cargo.
- Expresiones que menoscaban el ejercicio de los derechos.
- Amenazas verbales.
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