Durante el informe del funcionamiento del Poder Judicial, la secretaria de Gobernación negó que el Ejecutivo pretenda controlar la SCJN.
Berenice Vásquez Sevilla / Adriana Esthela Flores
A propósito de la discusión que se dará hoy en el Pleno del Senado sobre la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el informe sobre el funcionamiento del Poder Judicial, para argumentar la importancia de su iniciativa.
En conferencia de prensa matutina, el primer mandatario explicó por qué es necesaria la elección democrática de jueces, ministros y magistrados, al señalar que este poder se convirtió en el protector de las mafias del poder; así como moneda de cambio de los partidos políticos.
“Todo esto ha llevado a que se propone, porque es nuestra facultad, una reforma al Poder Judicial y no se entienda bien por qué genera tanto escándalo y de qué se trata. Ya ayer hablé cómo hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero nos topamos con el Poder Judicial, que es muy importante porque es el poder encargado de la impartición de justicia y de cuidar que se respete la Constitución.
“Hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias del poder económico y del poder político… falta limpiar el Poder Judicial porque está mal.
“Era un poder en donde se acumulaba lo que se consideraba ‘no importante’ para la llamada clase política o para los potentados, y se entregaba como moneda de cambio, se concesionaba a los partidos para hacer las alianzas arriba y esto viene de tiempo atrás”.
Al exponer dos escenas del programa de televisión de los años 90’s, Qué nos pasa, el presidente López Obrador señaló que desde entonces ya se hablaba de la corrupción en el sistema de justicia, por lo que “esto ayuda más a que se entienda por qué queremos la reforma al Poder Judicial”.
Finalmente, el primer mandatario dijo a los trabajadores que se encuentran en paro de labores desde hace tres semanas, que no perderán sus empleos, toda vez que eso no está contemplado en la iniciativa constitucional.
Poder Ejecutivo no quiere control de la SCJN
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján negó que exista interés del parte del Poder Ejecutivo de controlar al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues de ser así no tendría razón de ser la elección por voto directo de jueces, ministros y magistrados.
Agregó que actualmente se elige a los ministros y a las ministras de Corte mediante una terna propuesta por el presidente y en el caso de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sin reforma judicial, podría elegir a cuatro ministros.
🗣️#LaMañanera || La titular de @SEGOB_mx, Luisa María Alcalde, negó que el Ejecutivo busque controlar a la @SCJN, a través de la reforma judicial.
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 10, 2024
Explicó que, sin la necesidad de una reforma, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podría designar a cuatro ministros afines. pic.twitter.com/syKqsQGfPU
Como parte de su informe, Alcalde Luján acusó al Poder Judicial de haber cometido actos de injerencia en asuntos electorales, de tener un nivel de nepotismo de 49 por ciento y que, de 38 mil quejas presentadas entre 2004 y 2023 contra funcionarios judiciales, el 86 por ciento fueron desechadas; así como de la venta de exámenes de oposición para jueces en 1865 mil pesos.
“También podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí, en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura revela lo siguiente: la mitad del personal, el 49 por ciento, que equivale más o menos a 24 mil 546 personas tienen al menos un familiar en el Poder Judicial”.
Alcalde Luján refrendó que los ministros de la Suprema Corte violan en artículo 127, fracción II constitucional, al obtener una remuneración mayor al presidente de la República.
De acuerdo con la funcionaria, los ministros reciben de manera mensual 460 mil 783 pesos, más otros conceptos que se han ido acumulando que suman más de 700 mil pesos mensuales; mientras que el primer mandatario tiene un sueldo de 161 mil 538 pesos.
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso casos representativos en los que prevalece la falta de impartición de justicia, la justicia lenta, los sabadazos, la imposición de sentencias, jueces que no autorizan órdenes de aprehensión o en donde los presuntos delincuentes se vieron beneficiados.
En este sentido señaló que actualmente, en México hay 24 mil personas que enfrentan procesos judiciales federales, en espera de sentencia.
De acuerdo con el reporte, del total de personas en espera de condena, 2 mil 488 han esperado de diez a quince años en sus juicios; en mil 326, los casos son de cinco a diez años y 232 llevan más de veinte años sin sentencia.
Como uno de los casos más emblemáticos de este escenario, la secretaria de Seguridad Pública expuso el proceso de Israel Vallarta, quien está en prisión desde hace 18 años y nueve meses en espera de sentencia por el «Caso Cassez».
Otros beneficiados serían el exgobernador de Puebla, Mario Marín, a quien se le otorgó la prisión domiciliaria; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna o el segundo tirador del caso Colosio, de quien se negó la orden de aprehensión.
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