En México hay más de 670 proyectos mineros que también afectan a las poblaciones y al ecosistema.
Sol Pérez, en entrevista con Elia Baltazar.
IMER Noticias
La actividad minera está impactando negativamente en las regiones con bosques y selvas de México, alertó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en su Informe sobre Bosques Comunitarios y Minería en México.
Sol Pérez, una de las autoras del informe, dijo que en el 39 por ciento de los ejidos forestales del país han sido otorgadas concesiones mineras sin consentimiento de la población, lo que representa una importante amenaza para los ecosistemas forestales y un atentado en contra de los derechos de las comunidades locales.
Explicó que en México hay más de 670 proyectos mineros en territorios forestales para extraer principalmente oro mediante operaciones a cielo abierto que, además, demandan una gran cantidad de agua.
“La cuestión es que en México se extrae a cielo abierto y esto implica necesariamente remover por completo la cobertura forestal, destruir el territorio para hacer los grandes tajos y esto implica un uso y acumulación de agua porque la minería tiene un acceso preferente al agua por el artículo 6, por ser considerada de utilidad pública, y esto es muy grave en un contexto de cambio climático donde hay comunidades sin acceso al agua, donde operan ya en zonas con déficit hídrico, donde hay sequías por falta de lluvias y la minería sigue teniendo este acceso preferencial al agua”.
El informe, agregó, señala que el gobierno entregado concesiones hasta por 50 años, con la posibilidad de ampliarlo por otro periodo similar.
“En los últimos sexenios ha habido un aumento sin precedentes de concesiones mineras. En la actualidad existen activos, vigentes, más de 26 mil títulos de concesiones y el 48% de estos títulos está en comunidades y ejidos agrarios que tienen más de 200 hectáreas de bosque o selva; estamos hablando que hay más de 5,222 núcleos agrarios forestales que tienen concesiones mineras. Esto implica que estas concesiones en la actualidad se dan por 50 años prorrogables a otros 50 años más y por este uso preferente al territorio por ser considerada una actividad de utilidad pública”.
Sol Pérez dijo que este es un problema global que debería importar a todos, principalmente en México, donde a las comunidades se les violan sus derechos o se les despojan de sus tierras a través de la figura de la expropiación para dárselas a las empresas mineras.
“La actividad minera en los territorios forestales contradice completamente los acuerdos internacionales de mitigación de cambio climático, de conservación de la biodiversidad; sabemos que México es característico a nivel mundial por este tipo de ecosistemas y es impensable y no es sostenible que se sigan destruyendo y mucho menos para que se sigan enriqueciendo ciertos capitales privados”.
