México inicia una nueva etapa de participación democrática, a través de este ejercicio electoral a realizarse el 1 de agosto.
Adriana Esthela Flores
Al ser un proceso inédito en la historia de México, la consulta popular nacional conocida popularmente como “juicio a ex presidentes” ha representado todo un desafío para las autoridades electorales encargadas de su organización, desarrollo y difusión.
El INE enfrentó la falta de presupuesto adicional para organizar el proceso, por lo que tendrá que realizarlo con los recursos asignados para este 2021; además, la población participará en un proceso con nuevas reglas, documentación electoral e incluso una nomenclatura distinta.
El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, Roberto Ruiz Saldaña, destacó que mediante este mecanismo de democracia directa, México entrará en una nueva época de participación electoral.
“La realidad es que nuestro país ha llegado tarde en la realización de este tipo de ejercicios; en otros países periódicamente se está consultando a la población, a la ciudadanía, sobre temas de trascendencia nacional, entonces para mí la importancia de esta consulta popular radica en que iniciamos una era de participación electoral”.
¿Qué se consulta?
La ciudadanía podrá votar “SÍ” o “NO” a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
¿Qué requisitos necesito para participar?
Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, tener credencial para votar con fotografía vigente y no tener suspendidos los derechos políticos.
¿Cómo será la jornada electoral?
Se realizará de ocho de la mañana a seis de la tarde. Cada mesa receptora de opinión podrá recibir entre mil 500 y 2 mil 500 votos y no deberá estar a menos de 50 metros de una casa de funcionarias o funcionarios públicos. También deberán estar ubicadas en lugares que garanticen condiciones de seguridad, sean fácilmente identificables por la ciudadanía, tengan espacios ventilados e iluminados con luz natural y artificial y se dará preferencia a los locales ocupados por escuelas.
Cada mesa tendrá una presidencia, secretariado y una persona escrutadora así como suplentes generales. Con ello, habrá un despliegue de 285 mil 570 vecinos y vecinas encargados del proceso.
Las urnas deberán ser de material transparente, plegable o armable.
Si se requiere, habrá nuevos protocolos de atención sanitaria y protección de la salud.
¿Quiénes más pueden estar en las mesas?
No están permitidas las y los representantes de partidos políticos, pero sí podrá haber personas observadoras electorales que hayan participado en las elecciones del 6 de junio. La fecha límite para inscribirse es el 15 de julio. Tanto para las que ya participaron como para quienes se acrediten por primera vez, habrá un curso de capacitación del 21 al 28 de julio.
¿Cómo serán las boletas?
A diferencia de las que se utilizaron en las elecciones intermedias del 6 de junio, las papeletas serán impresas en papel bond, tamaño carta y tendrán cuatro candados de seguridad: microimpresión, impresión invertida, imagen latente (sólo visible a través de una mica decodificadora) y tinta invisible.
¿Cuándo se harán los cómputos de votos?
El proceso iniciará desde el momento en que se cierre la votación y hasta el día siguiente. Dentro de las 48 horas después de que termine el cómputo, el secretario ejecutivo informará al Consejo General el resultado de la suma de las opiniones. En un plazo máximo de 72 horas, el consejo emitirá la declaratoria oficial de resultados y lo informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cuándo se define la validez de la consulta?
Después de que se resuelvan las impugnaciones, el INE realizará la declaratoria.
Si el informe indica que la participación total asciende, por lo menos, al cuarenta por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores (poco más de 37 millones de personas) el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y las autoridades competentes y lo hará saber a la Suprema Corte de Justicia.
Los resultados se difundirán en la página de internet del INE, redes sociales institucionales y en el Diario Oficial de la Federación.
Si el resultado de la Consulta Popular es vinculatorio, tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez.
¿Habrá PREP?
No, pero sí conteos rápidos, para dar certeza y máxima publicidad a los resultados y al nivel de participación ciudadana.
¿En qué consiste la campaña?
Habrá contenidos en redes de 26 medios de comunicación, así como banners y videos en plataformas digitales como Google, Twitter, Facebook e Instagram, con un alcance estimado de 2 mil 889 millones de usuarios.
377 mil 606 contenidos en medios audiovisuales: 246 mil 300 en radio y 131 mil 306 en televisión. En total, hay 3 mil 492 emisoras programadas.
97 inserciones en diarios.
Una canción promocional con música tradicional mexicana para promover la fecha de la consulta.
Tres jornadas de diálogo nacional (los días 19, 26 y 30 de julio), así como 32 estatales y 300 distritales.
Un apartado especial en la página del INE.
El micrositio “Opinión Informada” en conjunto con la UNAM.
La App Mi Primera Opinión: Consulta Popular.
¿Habrá veda electoral?
Desde el jueves 15 de julio y hasta que termine la jornada consultiva, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, excepto aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
No se podrán difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.
