A 15 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 migrantes fueron asesinados; aún hay cuerpos sin identificar.
Natalia Matamoros
Han pasado más de quince años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron asesinados en 2010 y casi 200 cuerpos más hallados en fosas clandestinas en 2011.
Sin embargo, el paso del tiempo no ha traído justicia. Las familias de las víctimas denuncian que siguen enfrentándose a la impunidad y los procesos judiciales estancados.
En el foro organizado por el Colegio de la Frontera Norte sobre la conmemoración de la masacre, Leslie Freitas, familiar de una de las víctimas denunció que no fue sino hasta el año pasado cuando pudo comprobar que el cadáver que recibió en Brasil en una caja cerrada, efectivamente era el de su hermano.
Ella ya puede dormir tranquila porque disipó sus dudas, pero otros parientes aún no han podido identificar a sus seres queridos, lo cual a su juicio, prolonga su sufrimiento porque no han podido:
- Cerrar el duelo
- Además les arrebata la posibilidad de ofrecerles un entierro dign
Sin justicia garantizada
Cada aniversario se convierte en un recordatorio de deuda: no solo se pide justicia para las víctimas, sino también garantías de no repetición, en un contexto donde los migrantes siguen siendo:
- Blanco de violencia
- Crimen organizado
Así lo expuso Camilo Pérez Bustillos, académico en derechos humanos, especializado en temas entre la frontera entre México y Estados Unidos, adscrito a la Universidad de Dayton.
Pérez indicó que lo ocurrido en Tamaulipas pone en tela de juicio la protección de los derechos humanos, donde se ha acrecentado las persecuciones de los migrantes.También pone en evidencia la negligencia por parte del Estado de esclarecer los hechos.
Para el académico esta masacre y las políticas de Trump reflejan que los migrantes son tratados como “cuerpos descartables”, sin protección efectiva y en contextos donde la seguridad y la justicia no están garantizadas.
“Para Trump los migrantes deben ser tratados como criminales y terroristas y por ello, son blanco de narrativas xenófobas, son acosados y objeto de detenciones y expulsiones por el régimen estadounidense”, dijo.
La criminalización se antepone al derecho humano
Whoddy Edson Loudier, investigador de la Universidad Javeriana, en Colombia, coincidió con lo expuesto por el profesor Pérez Bustillos al considerar que los hechos de violencia de San Fernando y las medidas de Trump muestran dos caras de un mismo fenómeno: la migración tratada como delito y no como derecho humano.
“En México, el costo fue la vida de decenas de personas; en Estados Unidos, es el sufrimiento por las detenciones arbitrarias, las deportaciones que que traen consigo la separación familiar y retorno forzado a contextos violentos”, dijo.
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