Es un caso judicial que se espera largo, pero el gobierno mexicano afirma estar preparado para enfrentarlo.
Aura García
El pasado 4 de agosto, el Gobierno de México interpuso una demanda ante una corte federal de Massachusetts contra 11 productores y distribuidores de armas.
Los acusó de comercio negligente, entre otras cosas, con el objetivo de lograr una reparación económica del daño, pero particularmente con el fin de impulsar una modificación en las políticas del control de ventas e impactar a los grupos criminales de México.
De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, las empresas de armas en Estados Unidos son corresponsables de la situación de violencia e inseguridad en el país y para que esta mejore es indispensable fortalecer la regulación en armas de grueso calibre desde el sector privado.
“Desde luego no estamos sosteniendo, ni sería el objetivo, que México pueda excusarse de todo lo que debe hacer para controlar el ingreso a nuestro país de esas armas y su distribución y uso, pero es evidente que si no logramos que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad de los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país”.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien encabeza este litigio, detalló la relevancia de la denuncia y todos sus pormenores.
1. ¿Cuál es la base de la demanda?
El asesor, con una larga carrera en el servicio exterior, explica que a grandes rasgos se trata de apuntar que las empresas de armas incurrieron en un acto u omisión que resulta en un daño o lesión contra otro, donde el afectado es el Gobierno de México.
“El derecho del Turt Law o de la responsabilidad civil extracontractual de los Estados Unidos está muy desarrollado en aquel país y lo estamos aprovechando. El Gobierno de México como un particular que sufre un daño directo o indirecto se presenta ante una corte federal en los Estados Unidos para argumentar que los hechos y las omisiones de las empresas demandadas nos generan un daño en territorio mexicano”.
De acuerdo con la Cancillería, en una década han ingresado al país de manera ilegal cerca de 2.5 millones de armas, lo que significa que llegaron 77 diarias en promedio.
2. ¿Cuáles son los daños que alega México?
En estricto sentido, sería la violencia armada, pero por su naturaleza se desglosan de la siguiente manera:
“Los dividimos en dos: el daño directo e indirecto. El directo es la muerte de funcionarios y funcionarias de las fuerzas armadas en México, lesiones, gastos directos en armas de mayor alto poder que tienen que adquirir las fuerzas del orden nacional para responder al uso de éstas otras armas ilegales. Daños indirectos: pérdidas por ingresos de turismo, porque cada vez que hay una alerta de violencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos disminuye el flujo de turistas extranjeros, la sensación de inseguridad total en México”.
3. ¿Qué argumentos empleará el Gobierno federal contra los fabricantes de armas?
Algunas piezas clave de la estrategia buscan demostrar que el aumento de homicidios con armas de fuego en el país es proporcional al volumen alcanzado por las armas manufacturadas en Estados Unidos.
Asimismo, pese a que existe una legislación en aquel país para liberar a las empresas distribuidoras y de venta de armas de cualquier señalamiento por el mal uso de éstas, existen excepciones que pretende explotar el equipo mexicano, como que con ellas se violan leyes federales y estatales.
Finalmente, otro de los objetivos es destacar la publicidad falsa que emplean estas empresas.
“Hay legislación muy estricta en Massachusetts y Connecticut donde se prohíbe la publicidad falsa o engañosa. Tú no puedes vender un arma como actividad recreativa o para casa, cuando en realidad la construiste para que una persona mate a otra. En el caso que nos ocupa para que una organización del crimen organizado dañe a mexicanos o mexicanas en nuestro país. Eso es una excepción clara, porque hay una violación al ordenamiento Estatal y federal”.
4. ¿Qué defensa espera México de las empresas?
De acuerdo con Celorio, probablemente los acusados buscarán descalificar la autoridad moral del Gobierno federal y exponer vicios o deficiencias en sus fuerzas armadas; sin embargo, el equipo jurídico dice estar listo para resistir este embate.
“Se cuestionará el carácter moral de los que demandan; eso es una estrategia clásica en un litigio, para ir desgastando el argumento, cuando el argumento jurídico es muy sólido. Aquí se señalará que México es corrupto, que Aduanas no hace su trabajo, que el Ejército de México pierde sus armas y muchos de sus miembros desertan, pero nosotros sostendremos la acusación”.
También habrá dudas sobre la legitimidad procesal activa de México, lo que significa un probable señalamiento de que el país no puede demandar en cortes estadounidenses, pero Celorio asegura que existen precedentes que los respaldan.
Finalmente, advirtió que cuestionarán que la demanda se haya interpuesto en Massachusetts y que ante esto responderá estableciendo un nexo causal entre la ojiva, el cartucho y el arma, en territorio mexicano, con las empresas mediante información de trazabilidad disponible.
5. ¿Qué significaría un resultado positivo?
De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, el resultado positivo sería importante porque marcaría un precedente para modificar el acceso a esas armas.
6. ¿Cuáles son los tiempos del proceso legal?
Para noviembre se espera que presenten su respuesta las empresas demandadas, entre las que se encuentran Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company y Glock Inc.
A finales de enero, el Gobierno de México llevará a la Corte sus argumentos y para febrero podría haber una contrademanda.
El caso puede llegar al Circuito de Apelaciones o incluso a la Suprema Corte.
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