A cinco años de la represión a manifestantes conocida como “Halconazo Tapatío” familiares de víctimas exigen verdad y justicia.
Escucha la entrevista con Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
IMER Noticias
Durante el Halconazo Tapatío ocurrió la represión en contra de ciudadanos manifestantes por parte de autoridades de seguridad pública durante los días 4, 5 y 6 de junio del 2020. Las protestas exigían justicia por el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
A cinco años de estas represiones, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), mencionó que en el Halconazo nunca reconocieron los hechos como desapariciones forzadas y tortura. Y, denunció que las investigaciones no incluyeron los agravantes que debía:
“Se llevaron a cabo las investigaciones por el delito de abuso de autoridad y, además, tampoco realmente se investigó a todos los involucrados porque únicamente se imputaron a once personas”.
En entrevista para Entrelíneas con Adriana Esthela Flores, la codirectora reveló que una de las principales exigencias es el acceso a la justicia. Esto, señaló, porque el Estado no realizó las investigaciones correspondientes a las autoridades y cadenas de mando.
“Solo cuatro se vincularon al proceso y solo una persona fue sentenciada, pero fue una sentencia por tres meses conmutable por una sanción económica. Y, además, nunca tampoco se investigaron las cadenas de mando”.
En ese sentido, también expuso la falta de información en el caso porque siguen sin recibir explicaciones y, sobre todo, dijo, “la dimensión en cuanto a la responsabilidad del Estado en los hechos”:
“En el marco del acceso a la justicia tenemos varios pendientes y lamentablemente, como decía al inicio, en el caso en términos de justicia verdadera. Y también lo que significa justicia para las víctimas, pues se encuentra en una situación de impunidad absoluta”.
Información que no proporcionó el Gobierno
Chiamiak denunció que autoridades se comprometieron con las familias y distintas organizaciones a investigar y revelar la información oficial, pero a cinco años, no hay resultados.
“Nosotras nunca llegamos a tener una cifra oficial en cuanto al número de personas desaparecidas ese día. El Estado nunca la proporcionó públicamente.
Lo único que podemos saber es a partir de los esfuerzos que realizamos estos días junto a otras colectivas y organizaciones, porque fue una muy fuerte movilización social para, tanto poder sistematizar cuántas personas faltan y cómo estaba yendo el proceso de localización de las personas”.
En ese sentido, detalló que en un trabajo coordinado de las organizaciones, lograron documentar una cifra de más de 80 personas que resultaron afectadas:
“Más de 80 personas documentadas en estos días cuando estábamos dando seguimiento a los hechos, y afortunadamente en horas después o hasta dos días, tres días después, fueron localizadas con vida todas las personas”.
“Acceso simulado a la justicia”
Sobre el tema del proceso penal, recordó la imputación a 11 agentes. Sin embargo, señaló que sólo una recibió sentencia, a lo que calificó como “una burla de justicia” porque fueron tres meses de cárcel.
“Entonces, así fue ese acceso simulado a justicia en este caso. Igual lo que sí pudiera agregar es que posteriormente el gobierno de Jalisco hizo un anuncio público y algunas acciones al respecto para poder atender la situación y también mostrar el compromiso con establecer las medidas de no repetición”.
Por ello, mencionó que seguirán con el proceso jurídico de la batalla por la reinstalación del Antimonumento “5J”. Esto, porque el expresidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien actualmente es gobernador de Jalisco, lo removió.
“En 6 de junio de 2023, sólo a unas horas después de su instalación, evidenciando por completo la falta de reconocimiento de los hechos y también esa apuesta al olvido por parte de las autoridades.
Este proceso fue una batalla jurídica por más de dos años, y en ese sentido, hemos tenido algunos avances, posteriormente retrocesos”.
Protesta social
La codirectora del CEPAD explicó que el Centro dará seguimiento al tema de protesta social. Lo anterior, como una de las exigencias a las medidas de no repetición:
“No replicar este tipo de situaciones en los contextos de las manifestaciones sociales, eso ha sido un reto enorme para organismos civiles y para la sociedad en Jalisco”.
Además, subrayó que el derecho a la protesta social es un derecho fundamental para la democracia que no es garantizado de forma plena por parte de las autoridades, sobre todo en Jalisco:
“El gobierno del estado de Jalisco se ha caracterizado más por esa cara de represión, sobre todo, durante el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, donde en vez de responder a las demandas sociales con escucha, diálogo y atención, ha habido un constante proceso de represión brutal de diversos actos de protesta social en el sexenio pasado”.
Incluso, lamentó que las represiones también ocurrieron en las protestas de familiares de personas desaparecidas, con detenciones arbitrarias o agresiones.
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