Hace 10 años, México falló en su tarea de proteger la vida y los derechos humanos de 72 migrantes que fueron masacrados y abandonados en Tamaulipas. Hoy aún quedan muchas heridas abiertas y preguntas sin responder.
Bianca Carretto
En la avenida más importante de México un nuevo anti monumento se levanta para recordar a gobernantes, políticos y ciudadanos que hace 10 años el Estado mexicano falló en su tarea de proteger la vida y los derechos humanos de 72 personas migrantes.
Cristina Bautista, una de las madres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayoztinapa, extiende así su solidaridad a los familiares de los 58 hombres y 14 mujeres que hace una década fueron masacrados y sus cuerpos abandonados en una bodega en San Fernando, Tamaulipas.
El signo de más que precede al número 72 busca exponer que no solo han sido ellos, sino que hay miles de personas que salen de sus países hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pero las restricciones migratorias impuestas por las autoridades de ese país y la violencia que azota a México se han conjugado para impedirlo. Así ocurrió hace 10 años.
“Este es un acto de memoria, para no olvidar. Este antimonumento honra la memoria de las y los migrantes que han sido desaparecidos en su tránsito a los Estados Unidos.”
A Efraín, Richard, Yeimi, Wilmer y sus más de 70 compañeros los secuestraron personas vinculadas a la organización criminal Los Zetas. A los hombres les ofrecieron convertirse en sicarios con la promesa de pagarles 500 dólares a la semana y a las mujeres les ofrecieron realizar labores domésticas.
Casi todos rechazaron la oferta. Uno a uno recibieron un disparo en la cabeza. Así consta en un reporte desclasificado del Archivo de Seguridad Nacional, NSA, citado por Pie de Página en su reportaje Más de 72.
Aunque los años han pasado, aún hay preguntas abiertas sobre este crimen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tardó siete años en admitir que se trataba de una violación grave de derechos humanos, mientras que los gobiernos de Brasil, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Honduras han dejado de lado su responsabilidad.
Así lo dice Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
“Y la gente busca en su país de origen una respuesta en institución pública, para preguntar si era o no su ser querido el que pudiera estar en aquél masacre de la que se hablaba en medios, pero no encontraban respuestas.”
En México, las respuestas también están incompletas. Aún está pendiente que sean identificadas nueve personas y una de las demandas es que este crimen no se investigue de manera individualizada, sino como fenómeno estructural que involucra más de un delito.
“Hemos insistido en que no se haga una investigación caso por caso. De esa manera, acceder a la justicia y evitar que esto se vuelva a cometer”
Interiano, litigante experta en migración, derechos humanos y migraciones, considera que es fundamental considerar otros dos aspectos en la investigación de la masabre: el primero, la certeza de la identificación de los cuerpos que ya fueron entregados a sus familiares. Un reclamo del que hacen eco Guillermina Sagastume, suegra de Nancy, otra de las jóvenes que fue asesinada ese 23 de agosto.
A 10 años de la masacre de San Fernando aún hay trecho por recorrer para que los familiares de las 72 víctimas puedan acceder a la verdad y la justicia. Mientras no lo hagan no habrá posibilidad de reparación del daño no solo para sus familias sino para la sociedad en su conjunto. Así lo dice Interiano.
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