Sheinbaum firma iniciativa contra el feminicidio

Gobierno Federal presentó la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que homologará la investigación y sanción de este delito en todo México, con penas de hasta 70 años de prisión y protocolos obligatorios para las fiscalías.

Laura Velarde

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la Unión de la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, una propuesta que busca unificar en todo el territorio nacional los criterios de investigación, persecución y sanción de este delito. Con el objetivo de combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

 

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa deriva de la reforma constitucional aprobada el pasado 6 de mayo, mediante la cual se facultó al Congreso para emitir una legislación general que establezca reglas comunes para todas las entidades federativas.

 

«Vamos a presentar el día de hoy la iniciativa de sanción al feminicidio. Recuerdan que hicimos una modificación a la Constitución para que el feminicidio pudiera investigarse de la misma manera en todo el país a través de una ley general. Esa iniciativa fue aprobada por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y ahora para el siguiente periodo que inicia en el mes de septiembre, estamos presentando el día de hoy y ya enviando la iniciativa de ley que todos los estados deben seguir para que en todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad y por parte de las fiscalías un trabajo igual en todas las entidades de la República».

 

 

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la necesidad de una Ley General surge debido a que actualmente existen diferencias significativas entre los estados para tipificar e investigar los feminicidios.

 

«Existían tipos penales fragmentados. Los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente respecto a los elementos del tipo penal, las razones de género, las agravantes y también las penas de este delito. Había deficiencias en los procesos de investigación, incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencia y ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios».

 

Penas homologadas: La iniciativa de Ley General contra el Feminicidio

 

La funcionaria detalló que la iniciativa establece una definición uniforme del delito para todo el país.

 

«Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género. Se establecen diez razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, delitos motivados por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder».

 

La propuesta contempla una pena homologada de entre 50 y 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio y prevé 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones.

 

 

Entre los casos considerados como agravantes se encuentran aquellos en los que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada o con discapacidad. Así como cuando sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante. También se incluyen los delitos cometidos por servidores públicos y aquellos en los que existan ataques con ácido o sustancias inflamables.

 

Alcalde destacó además que la tentativa de feminicidio será castigada con penas equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la sanción prevista para el delito consumado.

 

Sin beneficios legales: Ley General contra el Feminicidio

 

La iniciativa también contempla sanciones adicionales para los responsables, como la pérdida de derechos sucesorios, de tutela, guarda y custodia, patria potestad y, en el caso de servidores públicos, la destitución e inhabilitación. Asimismo, establece que el feminicidio será un delito imprescriptible y elimina la posibilidad de acceder a beneficios procesales.

 

«Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio. El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles. No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada y tampoco en ningún caso la vía de la amnistía».

 

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, destacó que la iniciativa establece la obligación de investigar los feminicidios con debida diligencia reforzada y bajo protocolos homologados en todo el país.

 

«En casos de feminicidio existe una obligación de investigar con debida diligencia de forma reforzada. Para ello se establece la homologación de protocolos especializados de actuación, los cuales deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia en el país. Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y además una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención a víctimas».

 

La funcionaria añadió que las fiscalías especializadas deberán acompañar los casos durante todas las etapas del procedimiento penal.

 

«Se establece que la unidad o fiscalía especializada que hubiera iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio y hasta la ejecución de las sanciones, a fin de garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas».

 

La propuesta también obliga a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y personal pericial capacitado en la investigación de feminicidios y atención a víctimas.

 

Además, contempla el fortalecimiento de los derechos de las víctimas a la reparación integral del daño, mecanismos de coordinación institucional y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia feminicida.

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