Comunidad náhua denuncia asesinatos, desapariciones y desplazamiento en Guerrero; señalan omisión del Estado y crimen armado.
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Karen Tlali
En entrevista para Entrelíneas con Adriana Esthela Flores conversamos con Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), sobre los recientes ataques armados y desplazamientos forzados en comunidades náhuas de la Montaña Baja de Guerrero, donde más de mil personas han abandonado sus hogares tras una nueva ola de violencia atribuida al grupo criminal “Los Ardillos”.
Durante la conversación, el activista señaló que aunque en las últimas horas arribaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y funcionarios estatales a la región, las comunidades afectadas continúan sin garantías de seguridad y sin apoyo para reconstruir las viviendas dañadas durante los ataques.
“Las familias desplazadas ya no regresaron a sus casas porque fueron quemadas y baleadas. Hubo daños materiales muy fuertes con drones y ametralladoras; la gente perdió dónde dormir, dónde cocinar y cómo vivir”.
Jesús Plácido explicó que los ataques dejaron además personas asesinadas y heridas, entre ellas una menor de edad, mientras que cientos de mujeres, niños y adultos mayores permanecieron refugiados en cerros y caminos ante el temor de nuevos ataques.
“Muchos niños y mujeres se quedaron dormidos en los montes sin comer, con lluvia y frío. Llegan como si fueran a resolver, pero no desarticulan a los grupos criminales y la gente sigue viviendo con miedo”
El dirigente indígena sostuvo que la violencia que viven las comunidades no es un hecho aislado, sino parte de una crisis que se ha prolongado durante más de diez años en municipios de Guerrero donde, acusó, grupos criminales mantienen control territorial y operan con impunidad.
“Llevamos 10 años denunciando y resistiendo. Durante este tiempo, de 2015 hasta la fecha, tenemos 75 compañeros asesinados: mujeres campesinas que tejen, que se dedican al campo, que bajan al municipio a vender sus productos, que buscan médico o que van a comprar víveres y ya no regresan, ya no vuelven. Las torturan, las descuartizan. Además, hay 25 compañeros desaparecidos que, por parte de policías municipales de diferentes municipios controlados por Los Ardillos, son entregados a manos de Celso Ortega para descuartizarlos y desaparecerlos. Hasta la fecha no sabemos dónde está nuestro compañero. Ya pusimos la demanda ante la fiscalía, pero no hay una carpeta de investigación contra ese grupo, pese a los 30 años que llevan operando en la Montaña Baja».
Asimismo, denunció que las comunidades indígenas enfrentan no solo la violencia armada, sino también abandono institucional, falta de servicios básicos, ausencia de médicos, escuelas y programas de atención para las personas desplazadas.
“Ya la gente, psicológicamente, perdió la esperanza de volver a sus pueblos, a sus comunidades y a sus casas. Los niños, las señoras y los ancianos viven con temor. No hay una verdadera intención de entender profundamente la demanda y los hechos que se vivieron durante esos seis días. El gobierno ha sido omiso y sigue siendo omiso. Llegan a la comunidad como si nada hubiera pasado y dicen que estará la Guardia Nacional y el Ejército, cuando ya han estado ahí y no han desarticulado al crimen organizado; simplemente es una simulación política. Nosotros ya no creemos en el gobierno. Solo hacen acto de presencia y luego se retiran, mientras nuestra gente y nuestros niños siguen abandonados: no hay maestros, no hay doctores, no hay medicamentos.”
El dirigente del CIPOG-EZ señaló que detrás de la disputa territorial en la montaña baja existen intereses relacionados con recursos naturales y proyectos extractivos, situación que —aseguró— ha incrementado la presión sobre las comunidades indígenas de Guerrero.
“Quieren despoblar nuestras comunidades para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios. Nosotros hemos defendido esta tierra durante generaciones y hoy vemos cómo el crimen y los intereses económicos avanzan con el respaldo del poder”.
Autoridades dialogan con desplazados en Chilapa, Guerrero
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, recorrieron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo para atender la situación de violencia y desplazamiento en Chilapa de Álvarez.
Durante la visita, las autoridades dialogaron con familias desplazadas y escucharon sus demandas para garantizar seguridad, acceso a víveres, atención médica y apoyos básicos. También se comprometieron a restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales con presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.
La titular de Gobernación afirmó que el Gobierno de México mantendrá abiertos los canales de comunicación con las comunidades y reiteró que “la violencia nunca será el camino”, apostando por el diálogo y la construcción de acuerdos para recuperar la paz en la zona.
Dialogamos con las familias y comisarios en la localidad de Coatzingo, en #Chilapa, #Guerrero, para establecer la paz en la región. Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein se reanudarán las clases en las escuelas, el servicio médico y la entrega de medicinas; se cuenta ya… pic.twitter.com/gRKk2fBFl3
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 13, 2026
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