En España, personas migrantes lograron impulsar una regularización tras años de lucha colectiva, aunque enfrenta obstáculos operativos.
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Karen Tlali
En entrevista para El Acento con Adriana Esthela Flores conversamos con Graciela Rock, periodista mexicana en Barcelona, sobre el proceso de regularización migratoria en España y el papel clave que han tenido las propias personas migrantes, especialmente mujeres, en impulsar esta iniciativa.
A partir de su análisis, la periodista explicó que este mecanismo no surgió desde el Estado, sino desde la organización colectiva de comunidades migrantes que, durante años, han trabajado para abrir una vía legal que permita acceder a derechos básicos.
“Esta regularización extraordinaria que, por supuesto, no es la primera, se logró gracias a que durante los últimos 6 años, un poco más de hecho, se comenzó desde un colectivo que agrupa distintas organizaciones migrantes, muchas de ellas creadas y dirigidas por mujeres migrantes en el territorio del Reino de España, a lo que se llama una iniciativa legislativa popular”.
Detalló que este proceso implicó reunir casi un millón de firmas para llevar la propuesta al Congreso español, en un camino largo que incluyó interrupciones legislativas, negociaciones y retrasos antes de concretarse en un decreto.
“Este proceso nos ha tomado muchísimos años, en su intermedio se disolvieron las cortes, se llamaron a nuevas elecciones, se tuvo que volver a negociar, se tuvo que volver a meter a proceso y finalmente quedó un poco congelada la iniciativa”.
Sin embargo, advirtió que, pese al avance, la implementación enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos el corto plazo para reunir documentación, la saturación administrativa y la resistencia de algunos gobiernos locales.
“Es un periodo, la ventana para hacer el proceso es muy corta, son dos meses y medio (…) las personas migrantes tienen que conseguir muchos papeles no solamente dentro de España sino en sus países de origen, con procesos que ya de por sí son largos y ahora con más trabas”.
En ese contexto, subrayó que la carga institucional y la falta de recursos humanos complican aún más el acceso a este derecho para cientos de miles de personas.
“Ya llevan una carga importante desde la pandemia en las oficinas de extranjería y para este proceso el gobierno dijo que habilitaría nuevas plazas, pero eso no ha llegado. Se espera que haya entre 500 mil y 800 mil personas que busquen regularizarse en un periodo muy corto”.
Enfatizó que, aunque el proceso representa un avance, su verdadero significado radica en el trabajo colectivo de las personas migrantes que lo hicieron posible, más que en una acción gubernamental.
“No es un logro de la administración, no es un logro del gobierno de Pedro Sánchez, pero para las personas migrantes y quienes trabajamos por sus derechos, definitivamente sí es un logro”.
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