A 50 años del golpe cívico-militar en Argentina, la memoria, la verdad y la justicia siguen vigentes entre testimonios de reencuentro y la desclasificación de archivos que evidencian el espionaje y la maquinaria represiva del Estado.
Escucha esta entrevista con Adriana Esthela Flores.
Luis Camarillo / Laura Velarde
Este martes se conmemora el 50 Aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 en Argentina.
En este contexto, el pasado jueves el Gobierno de ese país hizo público la desclasificación de casi mil páginas de archivos oficiales pertenecientes a la Secretaría de Inteligencia del Estado o mejor conocido como Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), que abarcan el periodo entre 1973 y 1976 (última presidencia de Juan Domingo Perón) y de 1976 a 1983 (última dictadura militar), y donde expone los mecanismos operativos de esta última.
Disponible en el sitio web oficial del Estado, el material revela desde detalles administrativos domésticos hasta la estructura de las áreas dedicadas al espionaje sistemático que no sólo vigilaba a organizaciones armadas, sino también a universidades, sindicatos, empresas, organizaciones políticas, medios de comunicación y expresiones culturales.
De acuerdo con los documentos revelados, se detallan los protocolos para la «captación de señales» y el monitoreo de correspondencia y telefonía, lo que oficialmente se denominaba «reunión de información técnica», no sólo de organizaciones armadas, sino de cualquier ciudadano considerado «foco de interés».
¿Cómo operaban?
Los archivos hacen referencia a equipos de radio y sistemas de escucha que requerían mantenimiento y partidas presupuestarias específicas. Por lo que se hizo esencial el término «encubrimiento» en los manuales y memorandos no sólo como una acción ilegal, sino como una necesidad operativa. Por ello se creaban fachadas con oficinas o actividades que parecieran administrativas para ocultar centros de monitoreo.
Además, había instrucciones estrictas para que los agentes no conocieran las tareas de otras áreas, garantizando que el «encubrimiento» fuera eficaz incluso dentro de la propia estructura estatal.
Junto a planes de infiltración, aparecen gastos operativos ordinarios, demostrando que el espionaje era una política de Estado con presupuesto asignado y auditoría interna.
También se creó la «División Escucha» donde institucionalizó el espionaje de señales a escala global, otorgando a la Secretaría de Inteligencia la capacidad técnica para interceptar comunicaciones diplomáticas, radioeléctricas y satelitales del exterior.
Bajo este esquema, el organismo no solo monitoreaba información estratégica de organismos internacionales y países clave, sino que ejecutaba una vigilancia sistemática sobre mensajes cifrados y prensa extranjera para procesar cualquier acontecimiento político o comentario internacional que afectara los intereses del Estado argentino.
El espionaje socio-psicológico
Los archivos detallan la creación de departamentos dedicados a la inteligencia psico-sociológica, que consistía en el espionaje de universidades y sindicatos, con un mapeo de filiaciones políticas de delegados y estudiantes.
En el caso de los medios de comunicación se hacía un análisis de discursos para detectar «argumentos subversivos» o críticas al régimen, permitiendo al Estado anticiparse a la opinión pública. Asimismo, en las empresas y fábricas había vigilancia de conflictos laborales para identificar a los «agitadores» antes de que las protestas se materializaran. Sobre el caso de las organizaciones sociales, se hacía un mapeo de actividades en barrios y grupos religiosos.
De acuerdo con investigaciones como las del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, este modus operandi era un nodo que redistribuía datos hacia las necesidades represivas: la información podía convertirse, sin mayores trámites, en un secuestro o desaparición.
Según esta organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en Argentina, la represión no fue solo física, sino informativa, ya que la capacidad de interceptar comunicaciones y el uso sistemático del encubrimiento permitieron al Estado construir una base de datos sobre la ideología y los movimientos de la sociedad civil. Estos archivos son la prueba de que, para la dictadura, la privacidad de los ciudadanos era el principal enemigo a vencer, indicó el CELS.
Este lunes durante el encuentro “50 años de la dictadura en Argentina: memorias y desafíos actuales” en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Graciela Magaril, exiliada argentina en México, destacó la importancia de la Memoria, ya que, al narrar el pasado, el individuo logra que el proceso de duelo se convierta en una herramienta para transformar su presente.
«En estas etapas después del impacto del exilio empiezan los testimonios, los testimonios personales de una vida que se de alguna manera dio muestras del impacto violento, terrible que tiene la salida en los primeros momentos, pero también nos da la posibilidad de contar, de registrar de una memoria que conserva.
Yo creo que el sentido de la memoria es conservar justamente, testimonio que den cuenta de algo que aunque ya pasó, conserva algo que permite que el duelo vaya transformando realidad también. Y además, creo que ayuda a inventar un futuro. Me da la sensación el futuro surge cuando el pasado puede narrarse».
La genética que derrotó al olvido
A medio siglo del golpe cívico-militar en Argentina, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente. Desde Abuelas de Plaza de Mayo, una representante en Mar del Plata advirtió sobre los riesgos del negacionismo y reiteró la importancia de transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido durante la dictadura.
«Hay gente que lo pregunta desde el desconocimiento total y una vez que uno le cuenta qué fue lo que pasó en nuestro país entienden a qué nos referimos con terrorismo de estado y desaparición de personas y genocidio. Tratamos de que la gente entienda que fue lo que pasó. No se trata de convencer, no se trata de vencer un pensamiento con otro, sino de demostrar que lo que ocurrió en este país fue el paso del terrorismo estado».
Así lo afirmó al señalar que aún existen sectores que minimizan o niegan las desapariciones forzadas.
La activista compartió su historia personal: sus padres fueron secuestrados cuando su madre estaba embarazada de cinco meses. Durante décadas, su familia buscó a su hermano, nacido en cautiverio, hasta que en julio de 2025 fue finalmente identificado gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos.
El reencuentro, tras 48 años de búsqueda, marcó un momento clave no solo a nivel personal, sino también colectivo.
«Y esa búsqueda no empezó cuando comenzó la democracia, sino que fue en plena dictadura que le empezaron a hacer las abuelas. Con más o con menos herramientas, pero bueno, la persistencia de eso. De estar convencido de que eso había que hacerlo. La verdad es que dudar no porque mi abuela decía que la esperanza es lo último que se pierde y todavía estoy con vida así que la esperanza no la iba a perder. Pero además el hecho de buscar pensando o dudando si voy a encontrar hace que la búsqueda sea inútil, porque vos estás haciendo algo que sabes o que pensás que no va a funcionar, cuando en realidad la búsqueda es con el convencimiento de que hay que buscarlos. Porque se merecen eso, no se merecen que conocer su verdadera historia para después luego decidir».
De esta manera destacó que la labor de las abuelas continúa para encontrar a quienes aún faltan.
Recordó que la búsqueda de los nietos comenzó en plena dictadura, en condiciones adversas, y que con el tiempo logró consolidarse como un referente mundial en el uso de la genética para la identificación de personas. Este avance científico permitió restituir la identidad de cientos de personas apropiadas ilegalmente.
Asimismo, alertó sobre el resurgimiento de discursos que relativizan los crímenes del pasado, como la llamada “teoría de los dos demonios”. Frente a ello, insistió en que mantener viva la memoria no responde al dolor, sino a la necesidad de proteger la democracia:
«No repetimos a modo de revolcarnos en el dolor y el morbo de lo que pasó, sino para que las generaciones futuras y presentes y futuras estén atentos a cuidar la democracia, que si bien no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos de gobierno. Y que si tenemos hoy un presidente que no solo niega el terrorismo de Estado, sino que lo reivindica haciendo reaparecer la teoría de los dos demonios, es decir, eran malos contra malos, porque además el argumento de ellos es ese».
Finalmente, destacó que la búsqueda sigue siendo una tarea colectiva y vigente.
«Cada encuentro nos permite eso. El saber, bueno, si encontraron a uno, podemos seguir encontrando. Cada encuentro nos reaviva esa esperanza. Yo me acuerdo de escuchar a las abuelas diciendo, yo ya encontré a mi nieto, quiero que mis compañeras lo encuentren. Y yo digo eso hoy. Yo encontré a mi hermano, quiero que mis compañeros, los hermanos que están en abuelas también encuentren. Así que mi función va a seguir siendo seguir buscando.
El trabajo que se hizo en el Banco Nacional de Datos Genéticos con la incorporación de los grupos familiares de abuelas fue el primer banco de datos genéticos en el mundo y a partir de esa de esa técnica y de esa creación empezaron a consultar del resto de lugares del mundo para ver cómo se podía hacer. Y fue algo que eh se creó para las abuelas, fue una ciencia, una técnica que sirvió para para que en el resto del mundo también se pudieran identificar casos donde se saltaba una generación. Eso fue muy importante, no solo para las abuelas, para encontrar a sus nietos, sino que fue para la para el avance científico también fue un avance muy importante. Así que poner a la genética al servicio de los derechos humanos es todo. Palabras de mi abuela, que la esperanza es lo último que se pierde, así que a seguir luchando por memoria, por verdad y por justicia».
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