La Suprema Corte de Justicia de la Nación escucha por primera vez a personas con discapacidad antes de resolver acción de inconstitucionalidad.
Georgina Hernández
Tras más de 13 horas de debate y más de 100 participaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó la primera audiencia pública dedicada a escuchar a organizaciones y personas con discapacidad, en el marco de la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
La sesión fue encabezada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, ponente del proyecto, y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien anunció la elaboración de una relatoría con las principales intervenciones para orientar futuras decisiones de la Corte y otras autoridades.
Demandan participación efectiva y accesible
Durante la audiencia participaron asociaciones civiles, instituciones educativas, legisladores y colectivos ciudadanos.
Alejandra Pacheco Pérez, de Familias Extraordinarias, enfatizó que la inclusión no solo implica proteger derechos, sino garantizar que las personas con discapacidad sean parte activa de los procesos judiciales y sociales.
Ana Karemy López Cortés, psicóloga y mujer autista, advirtió que la propuesta de la Corte podría relegar la consulta a un trámite secundario.
Daniel Alonso Toxqui Aquino, de Espacio de Encuentro por la Accesibilidad y la Participación, denunció que trasladar la carga de impugnar a las personas con discapacidad es desproporcionado, sobre todo en contextos de marginación o comunidades indígenas.
“Esto es claramente desproporcional… En Puebla, 4.56% de la población vive con discapacidad; 52 municipios tienen alta marginación y 41 más del 40% de población indígena”, señaló Toxqui.
La diputada federal Mónica Herrera Villavicencio propuso crear un Protocolo Nacional de Consultas a Grupos en Situación de Vulnerabilidad que asegure una participación efectiva bajo el principio “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
Críticas y aclaraciones
Desde Sinaloa, María Milagros Castro Rocha, del Movimiento de Personas con Discapacidad, calificó el proyecto como un retroceso, al considerar que “devalúa la consulta” al tratarla como opcional si una ley parece beneficiosa.
“Las leyes construidas sin la experiencia de quienes vivimos la realidad día con día fallan y discriminan. Negar la consulta no simplifica, excluye”, afirmó.
En respuesta, la ministra Lenia Batres aclaró que su propuesta no busca suprimir derechos, sino fortalecer la consulta como un derecho democrático y no solo un requisito procedimental.
“Nadie ha planteado que la consulta sea inútil o una pérdida de tiempo. Lo que queremos es reconocerla como un derecho humano, no como una simple formalidad”, subrayó.
Finalmente, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció que la resolución se dará “a la brevedad”, tras analizar la relatoría con las aportaciones de los participantes.
SCJN escucha a personas con discapacidad antes de fallo sobre consulta
Por segundo día consecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escuchó a organizaciones y personas con discapacidad que participaron en la audiencia pública previa a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.
El caso está a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propone modificar el criterio vigente desde hace una década que invalida automáticamente las leyes aprobadas sin consulta previa a este sector de la población.
Durante la sesión, las y los participantes coincidieron en que la consulta es un derecho fundamental y exigieron que no se reduzca a un mero formalismo.
Josefa Patricia Matías, originaria de la sierra sur de Oaxaca e integrante de la asociación civil Piña Palmera, recordó que las mujeres indígenas con discapacidad enfrentan “enormes barreras” para participar en igualdad de condiciones.
Señaló que la falta de accesibilidad en transporte, educación, salud e información continúa excluyéndolas y que el Estado debe garantizar consultas efectivas desde las primeras fases de cualquier proceso legislativo.
“El Estado mexicano debería garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de nuestro derecho a la consulta. No es lo mismo vivir en la ciudad que en las comunidades indígenas, donde incluso salir de las rancherías resulta imposible”, expresó.
Por su parte, Sandra Padilla Zaldo, de la Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, advirtió que la reforma en discusión “perpetúa la institucionalización” y cuestionó que se pretenda decidir qué les favorece sin preguntarles directamente. Recordó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la consulta debe ser previa, de buena fe, culturalmente adecuada y con capacidad real de influir en la decisión.
“Pedimos que la sentencia establezca claramente la consulta obligatoria y vinculante para cualquier iniciativa relacionada con discapacidad, sin excepciones ni condicionamientos”, enfatizó.
Otras voces, como la de Miroslava Cisne Chávez, persona con discapacidad psicosocial, advirtieron que el proyecto de la ministra Batres podría generar una “mayor afectación” al permitir interpretaciones que debiliten las garantías actuales.
En el mismo sentido, Gerardo Alducin Quintero Mármol, activista autista con discapacidad psicosocial, señaló que la propuesta introduce una ambigüedad peligrosa al exceptuar de la invalidez las normas que repiten contenidos de la Constitución o tratados internacionales.
Por último, Adriana Guzmán Moncada, de la Comunidad Autista A.C., lamentó que en los últimos años la Corte haya invalidado leyes que reconocían derechos de las personas con discapacidad —como las de educación inclusiva, salud mental y movilidad— únicamente por no haber sido consultadas.
“Invalidar estas normas ha significado borrar accesos, apoyos, intérpretes, programas y garantías que necesitamos para vivir en igualdad. La justicia no sólo se mide en tecnicismos, también en vidas. No queremos consultas que borren avances, queremos participación real”, afirmó.
Al cierre de la jornada, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz recordó que este miércoles será el último día de audiencia para escuchar a las personas con discapacidad antes de que la Corte resuelva el caso.
SCJN realiza audiencia inédita sobre consulta a personas con discapacidad
Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió sus puertas a personas y organizaciones con discapacidad para escucharlas directamente antes de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, cuya resolución está a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Durante la audiencia pública, distintas voces advirtieron que el proyecto representaría un retroceso si se aprueba en los términos propuestos.
Una de estas fue la de Miguel Ángel Miranda Aquino, integrante de la Alianza Morelense en Favor de las Personas con Discapacidad, quien llamó a fortalecer los mecanismos que regulan quién puede presentar una acción de inconstitucionalidad.
Esto, al advertir que las personas con discapacidad podrían quedar desprotegidas si los sujetos legitimados deciden no actuar por motivos políticos o de carga de trabajo.
“Creo que estaríamos, y no pretendo yo pecar de soberbia a querer explicarles a ustedes las leyes porque ustedes son integrantes del Máximo Tribunal, pero desde mi lectura a lo mejor estaríamos entrando en conflicto con el artículo 1 y 133 porque al final la Convención así lo marca, que se tiene que hacer la consulta.
Claro, hay matices y lo podemos interpretar, pero desde mi punto de vista el hecho de que no se haga de oficio desde el principio, nos deja en indefensión al final. Corremos ese riesgo de que los sujetos legitimados lleven las acciones de inconstitucionalidad a discreción, dependiendo lo que les convenga”.
Por su parte, Ángel Ibarra Jasso, joven deportista y abogado originario de Michoacán, advirtió que el cambio propuesto para que las personas con discapacidad firmen si están o no de acuerdo en que se realice la consulta es peligroso, ya que muchas de ellas desconfían de las instituciones públicas debido a la discriminación histórica que han enfrentado.
Además, pidió que se genere un criterio que obligue a las y los legisladores a acercarse directamente a las personas con discapacidad, con el fin de garantizar una consulta informada y efectiva.
“Esta parte que las personas con discapacidad puedan firmar o no a cerca de una acción de inconstitucionalidad se me hace hasta un poco peligroso por la persecución política política que podría existir acerca de si firmas, si no firmas, qué pasa, a quién le estás firmando, por qué estás firmando y cuál es esta situación que le representa una carga desmedida a la persona de si firmar o no firmar una acción de inconstitucionalidad.
Por lo tanto considero que si bien puede ser una buena medida a tomarse para que las personas con discapacidad vuelvan a ser consultadas en una acción de inconstitucionalidad sí definitivamente debería dejarse un poco el criterio de que pueda ser desechada o impugnada esta norma a través de la cuestión de que sea oficioso”.
Desde Chiapas, Esther Araceli Díaz Cruz, una mujer afrodescendiente con discapacidad e integrante de la Asociación de Mujeres Unidas por la Inclusión, sostuvo que el proyecto de la ministra Batres Guadarrama significa un retroceso en la garantía de los derechos humanos.
Recordó que la Corte había establecido que la consulta previa, estrecha y accesible es un requisito constitucional cuando una norma afecta a este grupo.
Sin embargo, comentó que la nueva propuesta desplaza el énfasis hacia el contenido de la ley y no hacia el proceso de su elaboración, lo que debilita el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Este nuevo criterio me afecta directamente y esto porque en primer lugar me excluye de los procesos legislativos que pueden impactar en mis derechos de salud, movilidad, accesibilidad y autonomía. En segundo lugar, traslada la carga de la prueba a las personas con discapacidad obligándonos a demostrar un daño después de que la norma ya fue aprobada.
Tercero, desconoce los estándares internacionales que México ha asumido libre y soberanamente al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Para garantizar la participación de 102 de las 306 personas y organizaciones que solicitaron intervenir, la Corte determinó que esta primera audiencia pública dure tres días, por lo que concluirá el miércoles 22 de octubre.
La ministra Lenia Batres Guadarrama subrayó que este ejercicio es histórico, al tratarse de un mecanismo permanente de diálogo entre el Máximo Tribunal y la ciudadanía.
Asimismo, explicó que su proyecto propone modificar el criterio vigente desde hace una década, que declara inválidas automáticamente las leyes aprobadas sin consulta previa a personas con discapacidad.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aclaró que el debate de estos días no girará en torno al derecho de consulta en sí, sino en determinar si una norma que beneficia a las personas con discapacidad o cumple con estándares internacionales debe eliminarse por falta de consulta.
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