La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, ordenó abrir una investigación para determinar si se inicia un procedimiento administrativo contra Arturo Zaldívar.
Georgina Hernández
El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron una investigación en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar y más de 50 jueces y magistrados por posibles casos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas indebidas.
Así se da cuenta en la investigación número J/108/2024, con fecha del 9 de abril, en la que se señala que la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros exservidores públicos del Poder Judicial de la Federación por hechos que ocurrieron entre 2019 y 2022.
De acuerdo con la querella, el ministro en retiro fue denunciado por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
Los detalles de la investigación
Entre las irregularidades expuestas, se implica a Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia de la Corte y quien, supuestamente, por órdenes de Zaldívar, habría ejercido presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero.
Incluso, se indica que Alpízar Salazar habría coaccionado a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
La indagatoria también precisa que una de las áreas del Consejo de la Judicatura Federal que habría sido usada para presionar a jueces y magistrados fue la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, que en ese entonces estaba a cargo del magistrado Jaime Santana Turral.
En las anomalías reportadas también se implica a la exprocuradora Arely Gómez, quien trabajó como contralora del Poder Judicial de la Federación en la gestión de Zaldívar. Y se señalan complicidades con externos a dicho poder, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos al mismo.
La averiguación iniciada también incluye a Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto de la Defensoría Pública Federal y actual jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres; y a Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
La presidenta Norma Piña instruyó a Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a recabar todos los medios probatorios necesarios para esclarecer las conductas denunciadas.
Zaldivar acusa intencionalidad política
Tras darse a conocer esto, Arturo Zaldívar, quien actualmente forma parte del equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, señaló en un noticiario radiofónico que Piña Hernández admitió a trámite la denuncia anónima violando todos los precedentes que señalan que, al no haber pruebas, se tenía que haber desechado.
Asimismo, afirmó que este caso tiene una intencionalidad política y una especie de revancha contra la Cuarta Transformación ante un escenario que el Poder Judicial de la Federación está viendo problemático para sus integrantes, por la posibilidad de que se puedan acabar sus privilegios con una Reforma Judicial.
Jueces y magistrados piden que Ley de Amparo se apegue a Constitución
