El Centro Frayba acusó que la Fiscalía General de Justicia Estatal ha incentivado una campaña de criminalización contra defensores de derechos humanos de pueblos originarios.
Georgina Hernández
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció al Gobierno de México ante la Organización de las Naciones Unidas por presunto patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas.
La denuncia llegó tras la detención de Manuel Sánchez Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar ocurrida hace 14 meses en el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas.
En conferencia de prensa, Petrona Hernández, representante de los familiares de las cinco personas privadas de la libertad, explicó que sus compañeros fueron acusados por los delitos de portación de droga y homicidio calificado.
Petrona Hernández agregó que todos recibieron una condena de 15 años de cárcel. Sin embargo, acusó que el pasado 1 de agosto, las autoridades de justicia cancelaron la audiencia de apelación porque uno de los magistrados no estaba presente.
“Vemos que para el sistema de justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas. Pero, acá abajo en la vida de personas inocentes y sus familias, como nuestro compañero, quienes se encuentran injustamente presos”.
A la par, Mario Ortega, del equipo internacional del Frayba, afirmó que de unos años a la fecha la Fiscalía General de Justicia de Chiapas ha incentivado una campaña de criminalización contra defensores de derechos humanos de pueblos originarios.
Desde su perspectiva, el gobierno intenta generar un estado de shock hacia la colectividad a través de mecanismos de represión, los cuales, tienen el objetivo de anular a quienes defienden el territorio y la vida.
“La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas por el gobierno de Chiapas, entre las características se encuentran: participación de la Fiscalía Indígena, acusaciones falsas, tortura, testigos falsos, detenciones con efectivos del Ejército y un Poder Judicial Complice”.
Amenazas escalan a la iglesia
En tanto, el padre Miguel Montoya, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, denunció que, en los últimos años, diversos agentes de pastoral han sido amenazados e intimidados por intentar promover un ambiente de paz y restaurar el tejido social en la zona.
Ante este escenario, las autoridades han establecido diversos acuerdos como fortalecer los espacios de refugio para personas en situaciones de desplazamiento forzado y en situación de movilidad humana.
Además, impulsar redes de apoyo para el cuidado y defensa de los derechos de las y los defensores. También le exigió al gobierno dejar de promover la política extractivista y de militarización en Chiapas porque favorece la entrada de empresas nacionales y trasnacionales.
“Esta criminalización nos ha llevado a considerar los siguientes acuerdos: hemos procurado acompañar los procesos organizados que buscan el bien común de los pueblos, respetar y fortalecer la organización comunitaria de nuestras zonas en orden”.
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