En la década de los 40, Chiapas se apropió de 160 mil hectáreas oaxaqueñas donde creó un municipio aprovechado por la industria maderera.
Escucha la entrevista completa con el investigador Miguel Ángel García.
IMER Noticias
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una añeja disputa entre Chiapas y Oaxaca y fijó una nueva línea divisoria que devuelve una amplia zona de los indígenas zoques chimalapas al territorio oaxaqueño.
Se trata de un conflicto que inició en la década de los 40, cuando el estado de Chiapas creó un nuevo municipio, llamado Belisario Domínguez, sobrepasando sus límites territoriales y acaparando unas 160 mil hectáreas de selvas y bosques de Oaxaca.
Para entender este conflicto histórico, platicamos con el investigador Miguel Ángel García, fundador de la asociación Maderas del Pueblo Sureste e integrante del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas.
¿Por qué Chiapas se apropió de la zona?
Esas 160 mil hectáreas oaxaqueñas fueron hasta 1940 propiedad comunal de los zoques chimalapas, quienes tenían títulos virreinales ratificados por decretos presidenciales. Es una zona rica en madera y el gobierno chiapaneco vio una oportunidad de explotación, así que apadrinó a empresas madereras y gestionó con el gobierno federal permisos de exportación, quien los autorizó bajo el argumento de que eran terrenos nacionales. Así empezó este largo conflicto.
¿Cómo reaccionó Oaxaca?
La reacción del gobierno de Oaxaca tardó varias décadas, a pesar de que los comuneros mantenían la lucha por la defensa de su territorio. Fue hasta el 2012, cuando el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, avaló la lucha chimalapa y llevó ante la Corte la primera controversia constitucional, que fue aceptada el 20 de diciembre por los ministros Fernando Franco y Olga Sánchez Cordero. El asunto debió ser resuelto en tres años, pero hubo errores en el proceso que lo extendieron por nueve años.
¿Cómo fue la lucha indígena?
Fue una lucha inmersa en amenazas de desalojo para la población indígena. Lo que querían era que se les reconociera como suyo el territorio, pero había intereses económicos muy fuertes que no lo permitían. Las comunidades se organizaron en grupos, pero debido a las amenazas llegadas desde el gobierno se fueron desintegrando.
¿Cuáles son los intereses que rodean el conflicto?
Son intereses empresariales, principalmente. Primero está el negocio de la madera que tuvo su auge desde 1947 hasta 1977. Los indígenas, cansados de pedir la intervención del gobierno para que se terminara la explotación de los bosques y selvas, se organizaron y expulsaron a cinco empresas que operaban 25 aserraderos. Otro gran negocio fue la ganadería extensiva y después inició otro, denominado “capitalismo verde”, es decir, empezaron a llegar grandes empresas trasnacionales dispuestas a explotar los recursos naturales y la biodiversidad, como los manantiales.
¿Qué futuro les espera a los chimalapas?
Según Miguel Ángel García, se espera la reacción de latifundistas, políticos y empresarios de Chiapas, inconformes con la resolución de la Corte, y no descarta que haya incendios provocados por resentimiento o venganza.
¿Qué sigue después de la resolución?
La Corte ha dado 30 meses a ambos gobiernos estatales para que modifiquen su constitución y atiendan la nueva delimitación que queda así: la línea divisoria comenzará en la barra de Tonalá, ubicada a los 16 grados de latitud norte en dirección noroeste hasta el cerro del Chilillo, con dirección noroeste hasta el cerro de la Jineta, y de ahí con rumbo noroeste hasta el cerro de los Martínez.
