Violencia desenfrenada. Morgues rebasadas y dos tráileres errantes con 322 cadáveres a bordo recorren las calles de Guadalajara. Es septiembre de 2018. Uno de los protagonistas del más negro episodio en el sistema forense mexicano decide hablar. Un trabajo de Quinto Elemento Lab.
Por Darwin Franco, Fara González, Fernanda Tapia, Aranza Gallardo y Samantha Vargas
“Ya no cabían más cuerpos y tuvimos que adecuar un cuarto más para meter a todos los que no entraban en la cámara de refrigeración. La saturación de cuerpos y los líquidos que desprendían hizo tronar las tuberías del Semefo”. Esto lo dice Luis Cotero Bernal para quien hablar de cadáveres es parte del oficio: como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF) cada mes acostumbraba a recibir varias decenas en las morgues.
Sus palabras se remiten a agosto de 2015 cuando recibió más de 100 cuerpos y tuvo que adecuar un cuarto para resguardarlos. Pronto tuvo que tomar una decisión que lo marcaría de por vida: buscar un nuevo ‘almacén’ para cuerpos.
Cotero Bernal manejaba el destino de las personas muertas en Jalisco en los años más violentos. Ahora es un ciudadano acusado de ser corresponsable de un escándalo que saltó a las noticias en todo el planeta, que horrorizó a las miles de familias de personas desaparecidas por todo el país. Y confirmó el desdén que las autoridades tienen hacia los cadáveres no identificados apilados en la morgue.
Se decidió a hablar porque no quiere que lo culpen por “los tráileres de la muerte”, aquellas morgues itinerantes con 322 cuerpos sin nombre. El primero fue descubierto en uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, el 15 de septiembre de 2018, por el olor a descomposición que emanaba; el segundo tres días después, en el estacionamiento del propio IJCF, cuando la presión obligó al gobierno de Jalisco a reconocer que esa fue la manera en que intentó sortear la crisis forense que se vivía por la saturación de los anfiteatros. La solución práctica y económica.
“A mí lo que quieren es juzgarme por algo que no era mi responsabilidad”
Luis Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF)
El abogado y maestro de Derecho llegó a la dirección del instituto el 24 de marzo de 2015, promovido por el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, quien había sido su alumno.
Al asumir el cargo, Cotero Bernal se hizo una pregunta que le acompañaría durante todo su mandato: ¿qué hacer con tantos cuerpos? La morgue tenía capacidad para 78 cadáveres, pero cada semana llegaban decenas. Tan sólo en el primer trimestre de ese año, el 2015, se realizaron en el instituto forense mil 119 autopsias; cantidad similar a la que habían hecho durante todo 2014. Tantos cadáveres habrían sido todo un desafío para cualquier institución forense.
El gobierno de Jalisco tuvo por muchos años una salida para esa presión. En sus instalaciones tenía un horno crematorio inmenso para deshacerse de los cadáveres. El gobierno lo usó hasta finales de 2015, todavía dos años después de que la Ley General de Víctimas prohibiera su uso. Así, el Instituto se deshizo con fuego de 2 mil 755 cadáveres; 81 bajo la administración de Cotero.
La nueva prohibición dejaba dos opciones: enterrar los cuerpos o mantenerlos en resguardo. Para la primera se necesitaban criptas en los cementerios y para la segunda, cámaras frigoríficas en los servicios médicos forenses (Semefo). Ambas alternativas suponían gastos que ninguna institución quería asumir. Había una tercera opción más barata: la donación a escuelas y facultades de medicina. Pero ya tenían demasiados cuerpos.
En ese momento Cotero recuerda que empezaron sus enfrentamientos con directivos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, especialmente el fiscal central Rafael Castellanos: ninguna de las instituciones quería hacerse cargo de los gastos que generaban los cuerpos sin identificar y cada una interpretaba la normativa a conveniencia. El IJCF insistió que sólo le tocaba hacer los exámenes periciales y no el resguardo; la fiscalía aseguraba que sí lo era porque estaban en sus instalaciones.
A cuatro meses de que Cotero asumiera el cargo, en agosto de 2015, se ideó la primera solución: “No había dinero para las criptas y me dijeron que resolviera las cosas con lo que tenía. Así fue como adecuamos aquel cuarto que después se llenó de tantos cuerpos que hizo colapsar el drenaje… Nos estábamos ahogando y nadie nos daba soluciones”.
Se trataba de un cuarto regular que antes era usado como una bodega y no tenía condiciones para la conservación de ningún cuerpo. Pero, según Cotero, era mejor que apilarlos en los pasillos de la morgue. Ese “almacén de cuerpos” operó hasta mayo de 2016, cuando su existencia se convirtió en un verdadero foco de infección.
“Estaba desesperado. Yo quería que se llevaran los cuerpos, incluso pensé en rentar una camioneta para dejárselos frente a la fiscalía o en Casa Jalisco –casa oficial del gobernador– porque, insisto, esos cuerpos eran suyos y ya nos estaban causando muchos problemas. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ellos tenían que hacer el suyo”, afirma Cotero Bernal en tono de enfado y sin perder la compostura, en una larga entrevista donde cuida cada frase como si estuviera ante un tribunal. “Hice lo que pude y consideré correcto”, repite.
Sus constantes reclamos movieron resortes políticos. A mediados de 2016 el fiscal Castellanos consiguió que el alcalde del conurbado municipio de Tonalá donara 200 criptas en el panteón de Coyula. Según datos oficiales, ahí depositaron 262 cuerpos no identificados; otros registros obtenidos para este reportaje indican que fueron 95 cuerpos más.
A la par de las criptas, Cotero y el fiscal Castellanos coincidieron en que era una buena idea rentar un contenedor con sistema de refrigeración. La idea surgió durante una de sus tensas conversaciones, donde Cotero lo amenazó con rentar una camioneta y dejar los cuerpos frente a la fiscalía o en Casa Jalisco.
“Después de unos días (el fiscal) me explicó la idea de depositar los cuerpos dentro de un contenedor frigorífico en tanto que se resolvía el tema de los panteones o buscábamos más presupuesto para comprar criptas. A mí no se me hubiera ocurrido eso”, dice en la entrevista y muestra diversos mensajes de su teléfono celular.
Una vez llegado al acuerdo, la fiscalía contactó a la empresa Logística Montes S.A. de C.V., dedicada al transporte terrestre local y regional, y solicitó un contenedor frigorífico.
El 2 de mayo de 2016 apareció el vehículo en las instalaciones forenses: el contenedor medía 14 metros de largo por 2 y medio de ancho. Lo estacionaron en el aparcamiento trasero del Instituto junto al generador que debía suministrar la energía para el sistema de refrigeración.
Ese día el Semefo, que sólo contaba con 78 espacios, tenía 352 cadáveres. El colapso era total. De inmediato realizaron el traslado de cuerpos al interior del contenedor.
En esta morgue improvisada intentaron acomodar con cierto orden cada cuerpo para facilitar su localización. “Al principio sí quisimos hacer las cosas bien, pero eran tal los cuerpos que nos llegaban que el contenedor tuvo que llenarse por completo”, justifica Cotero cuando se le pregunta por el caos.
En bolsas negras, similares a las que se usan para tirar basura, apilaron como bultos los cuerpos de 273 cuerpos de seres humanos, uno sobre otro. Cada uno estaba envuelto en una bolsa etiquetada y cerrada con cinta. El primer cuerpo que entró en el contenedor fue el de una persona fallecida 15 meses atrás.
En total, 264 de los cuerpos NI (no identificados) correspondían a hombres y nueve a mujeres. La edad promedio era de 45 años. La mitad había sido asesinado con impactos de arma de fuego, principalmente, en tórax o cráneo. Todos fueron localizados en alguno de los ocho municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, y uno de ellos llevaba en el cuerpo tatuado un nombre: Laura.
En México no era la primera vez que se utilizaba un tráiler frigorífico como recurso ante la saturación de las morgues. En 2011 se usó un contenedor para guardar y transportar los cuerpos extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y se han usado en ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, Guerrero, en Xalapa y Alvarado, Veracruz, y en Tijuana, Baja California.
Las tensiones entre el instituto y la fiscalía seguían, por lo que se acordó que la solución forense quedara por escrito. El 2 de enero de 2017 firmaron el “Convenio específico de colaboración para la conservación de cadáveres” con el cual normalizaban la existencia de los tráileres-morgues.
El Instituto conservará “los cadáveres en refrigeración, en los términos que establece la Ley General de Salud, mientras realiza los trabajos periciales” -indica el documento- y la fiscalía “será la responsable de disponer de los cuerpos y de su destino final”.
Sobre los cadáveres sin reclamar y/o no identificados establece: “el Ministerio Público no puede ordenar su salida, ni trasladarlos a lugar distinto al que ocupa el anfiteatro del IJCF, debido a que LA FISCALÍA GENERAL carece de refrigeradores o lugar para su conservación artificial”. Pero, permite a la fiscalía “la contratación de un contenedor móvil con cámara de refrigeración en el cual conservará y resguardará los cadáveres”.
El convenio detalla que el vehículo se ubicaría “temporalmente” en el estacionamiento del instituto. El acuerdo tenía vigencia de un año, tiempo estipulado para conseguir un destino final, y señalaba que transcurrido ese lapso la fiscalía “se obliga a retirar el contenedor con los cuerpos que se encuentren en el interior”.
Como abogado, Cotero Bernal se sintió más tranquilo. Pensó que aquellas cuatro hojas con el membrete oficial le protegerían de posibles acusaciones de prácticas irregulares en el tratamiento de los cadáveres.
Buscando confirmar la versión de cómo se llegó a la decisión de rentar tráileres, en múltiples ocasiones se buscó al exfiscal Castellanos, sin embargo, éste se negó a ser entrevistado para este reportaje con el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones en curso.
Al año siguiente, en 2018, la violencia no daba tregua; al mes de agosto tenían ya bajo su resguardo mil 468 cuerpos distribuidos en la sede central del Instituto y en las ocho oficinas regionales.
Requerían con urgencia otra solución. Ya no estaba Castellanos, y como el IJCF depende de la Secretaría de Gobierno, Cotero redirigió sus quejas al secretario general, Roberto López Lara, mano derecha del gobernador Aristóteles Sandoval.
El entrevistado asegura que “a diario” le mandaba fotografías de cuerpos que desbordaban el Semefo.
La relación entre Cotero Bernal y López Lara estaba dañada desde abril de 2018, cuando Cotero contradijo en público la versión que la fiscalía dio sobre la desaparición de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), el 19 de marzo de ese año: que habían sido asesinados por el narco y sus cadáveres, disueltos en ácido.
“Nosotros en el instituto no encontramos restos, sólo hallamos ácido, pero sin ningún elemento de nada, ácido puro encontramos. Yo creo que ahí me borraron por completo y me dejaron solo con todo el problema del Semefo”
Luis Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF)
Por ese episodio perdió el apoyo que alguna vez tuvo del gobernador priista Aristóteles Sandoval, cuando lo nombró director del instituto.
Tres meses después la propia hija de Cotero Bernal, Indira Alma, de 37 años, abogada y dedicada al negocio de bienes inmuebles, desapareció tras acudir a una cita en la que debía mostrar una propiedad. Él denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Desapariciones. Pasaron los días y -como ocurre en la mayoría de los casos- las investigaciones no avanzaron. Cotero se desesperó y receló de todos.
“No me apoyaron mucho en la búsqueda de mi hijita. Estuve a punto de renunciar, pero me quedé en el Instituto para ver si llegaba su cuerpo”
Luis Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF)
El recuerdo de su hija le cambia el tono de voz, sus ojos se humedecen. Piensa que su enfrentamiento fue determinante para que ella no apareciera.
En agosto de 2018 en el Semefo se vivieron semanas críticas. Un empleado que dio su testimonio de forma anónima recuerda que los peritos forenses temían entrar en la habitación de los cadáveres por miedo a un contagio: “Los olores eran terribles y muchos cuerpos ya estaban agusanados”. También les daba escozor abrir la caja del tráiler para meter, sacar o inspeccionar alguno de los cuerpos.
Para entonces el vehículo también ya daba problemas. La refrigeración fallaba, los cuerpos emanaban fluidos; los peritos temían que la concentración de gases orgánicos provocara un incendio.
Para septiembre de 2018 no existía la opción de usar criptas y se agotaba el espacio en el tráiler.
La intensidad de mensajes entre Cotero Bernal y López Lara subió hasta que el director del IJCF obtuvo una respuesta: contratar un segundo contenedor. En plena crisis personal y ante el evidente desbordamiento, Cotero Bernal avaló esa opción: “Acepté lo del segundo tráiler, pero sí les aclaré que se tenían que llevar el primero, ya no queríamos esos cuerpos ahí”.
En su versión, el vehículo llegó en septiembre de 2018; empleados del IJCF aseguran que fue en agosto.
Este es un fragmento del primer reportaje de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Próximos lanzamientos cada semana de septiembre. Visita www.quintoelab.org/crisis-forense