Donald Trump intensificó su política contra las ciudades santuario, con órdenes ejecutivas, amenazas de sanciones y disputas legales en Estados Unidos.
Luis Camarillo/José de la Garza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado una serie de órdenes ejecutivas contra las llamadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales y que ofrecen protección a personas migrantes.
Durante su primer mandato, en 2017, Trump firmó una orden ejecutiva que impedía a estas jurisdicciones acceder a subvenciones federales, medida que fue revertida tras la llegada de Joe Biden a la presidencia.
¿Qué son las ciudades santuario?
El concepto de “ciudad santuario” surgió en Berkeley, California, en 1971, inicialmente para proteger a desertores de la guerra de Vietnam. En 1979, Los Ángeles se convirtió en la primera ciudad en impedir que la policía investigara el estatus migratorio de las personas arrestadas.
El movimiento tomó fuerza en 1982, cuando iglesias comenzaron a brindar refugio a migrantes de Guatemala y El Salvador que huían de conflictos armados. Desde entonces, diversas congregaciones ofrecieron protección, alimento y asesoría legal.
Actualmente, los estados con políticas pro-santuario incluyen Washington, Oregón, California, Colorado, Nuevo México, Illinois, Nueva York, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Nueva Jersey, además del Distrito de Columbia. En contraste, estados como Texas, Florida, Arizona, Georgia y Tennessee prohíben este tipo de políticas, mientras que otros no cuentan con una postura oficial.
Segundo mandato y endurecimiento de medidas
En el primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14-159, que contempla la negación de fondos federales y posibles sanciones a jurisdicciones santuario. En febrero, la Orden Ejecutiva 14-218 instruyó a agencias federales a evitar que recursos públicos faciliten este tipo de políticas.
El 28 de abril de 2025, Trump firmó la orden “Proteger a las comunidades estadounidenses de criminales extranjeros”, que obliga al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional a publicar listas de jurisdicciones que, a su juicio, obstruyen la ley migratoria.
Protestas, amenazas y respuesta política
El 12 de junio de 2025, redadas antimigrantes en Los Ángeles provocaron protestas que derivaron en un toque de queda. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó las ciudades santuario como peligrosas y respaldó la aplicación estricta de la ley federal.
Trump amagó con desplegar a la Guardia Nacional y al Ejército si las manifestaciones se extendían a otros estados. Paralelamente, la Cámara de Representantes celebró una audiencia del Comité de Supervisión sobre el impacto de estas políticas.
Gobernadores como Gavin Newsom, Kathy Hochul y Tim Walz rechazaron el uso de fuerzas militares y pidieron una política migratoria integral, humana y eficaz.
Batallas legales y suspensión de fondos
El 5 de agosto de 2025, el DOJ y el DHS publicaron una lista de 13 estados, 18 ciudades y cuatro condados señalados por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria, lo que derivó en demandas federales. Algunas ciudades, como Louisville, modificaron sus políticas ante amenazas legales.
No obstante, tribunales federales han bloqueado intentos del Ejecutivo de retener fondos, al considerar que el presidente carece de facultades para condicionar recursos aprobados por el Congreso. Ciudades como San Francisco, Portland y Seattle han sido protegidas por resoluciones judiciales.
El pasado 13 de enero, Trump anunció que a partir del 1 de febrero de 2026 se suspenderían los pagos federales a ciudades y estados santuario, decisión que enfrenta nuevas impugnaciones legales. El 16 de enero reiteró su amenaza de invocar la Ley de Insurrección contra entidades que no cooperen con el ICE.
Finalmente, la Casa Blanca difundió un documento titulado “El desafío del santuario de Minnesota tiene consecuencias”, en el que acusa a autoridades locales de obstaculizar la labor migratoria. Funcionarios estatales y legisladores demócratas respondieron que proteger a las personas migrantes es una obligación legal y moral.
Te recomendamos:
Legisladores demócratas son atacados en Minnesota, una murió
