La CEPAL y la OIT proponen a los gobiernos de América Latina impulsar un ingreso básico de emergencia para paliar los efectos de la pandemia que provocará 11.5 de nuevos desempleados en la región.
Bianca Carretto
El 49 por ciento de empleos en México están en sectores que han sido especialmente afectados por las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, lo que pone a los trabajadores en un alto riesgo de recortes de horarios, reducciones salariales y despidos, de acuerdo con el informe El Trabajo en Tiempos de Pandemia.
El documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. OIT, advierte que a nivel regional la advierte que el impacto de la crisis económica dejará en la región 11.5 millones de nuevos desempleados con lo que sumarán 37 millones.
Ante este escenario Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de CEPAL, consideró que los países deben considerar medidas extraordinarias como la entrega de un Ingreso Básico de Emergencia a lo largo de 6 meses. En el caso de México, una medida de este tipo debería considerar a población que está fuera de los programas sociales.
Otra recomendación que hizo al país es que, aunque se dé prioridad a los sectores vulnerables en la entrega de apoyos pueda considerar también a las empresas, algo que rechaza el actual gobierno.
Los efectos dependen de distintos factores, uno de ellos es la proporción de informalidad que en América Latina es de un 54 por ciento, de acuerdo con datos de la OIT. Los porcentajes de informalidad se concentran en los jóvenes, las mujeres, las personas sin estudios.
Por sectores, la informalidad impacta mayoritariamente a la agricultura con un 82%. Las afectaciones por la crisis serán diferenciadas, pero se prevé que la tasa de desocupación regional sea la más alta en los últimos 11 años, lo que traerá retrocesos en materia de movilidad social, es decir, en las posibilidades de escalar hacia un mejor nivel socioeconómico.
Estos escenarios ponen de manifiesto desafíos estructurales en materia laboral como la falta de seguridad social y la insuficiencia en los ingresos por el trabajo-, los cuales deben atenderse a través de un diálogo social entre empleadores, gobierno y trabajadores de cara a la reactivación económica, concluye el documento.
