La nueva integración de la Suprema Corte, que inicia el 1 de septiembre, lidia con miles de expedientes pendientes.
Georgina Hernández
El próximo 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará una nueva etapa con la integración de nueve personas —seis de ellas sin experiencia previa en el Máximo Tribunal—, que asumirá más de mil 200 asuntos pendientes y además, enfrentará una reestructuración institucional profunda, ya que desde el primer día, deberá nombrar a tres de las cinco personas que conformarán el nuevo Órgano de Administración Judicial, pieza clave del rediseño del Poder Judicial.
Según datos de la Corte, al 4 de julio, el Pleno acumulaba mil 341 asuntos sin resolver, y sólo en agosto —con 21 días hábiles— podrían llegar otros mil 300, es decir, 65 por día.
Y aunque se prevé que desde la Presidencia sea rechazado un porcentaje de estos, el volumen restante y el rezago vigente implicarán una carga de trabajo inusual para un tribunal que, además, dejará de operar en salas y funcionará únicamente en Pleno.
Camilo Emiliano Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que una de las principales implicaciones de la reforma judicial es:
- La eliminación de las dos salas que compartían el trabajo jurisdiccional con el Pleno.
- La cuales resolvían alrededor del 90% de las sentencias.
Detalla que, por ejemplo, tan sólo en 2023, el Alto Tribunal dictó más de seis mil fallos, de los cuales unos tres mil fueron por cada sala y sólo unos 300 o 400 en Pleno.
Sin embargo, a partir de septiembre, todos los asuntos sólo pasarán por el Pleno.
“¿Esto qué va a generar? Pues la necesidad de que digan cómo se va a resolver porque no se van a dar abasto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues las pistas que tenemos por lo que han declarado las nuevas personas que serán integrantes de la Corte, es que existe la posibilidad de que no haya salas, pero que se armen grupos de trabajo de ministras y ministros, de secretarias y secretarios de estudio y cuenta, que son las personas que trabajan, digamos, en la elaboración de las sentencias para los ministros. Es decir, aunque ya todo lo resuelven en Pleno, pues lo que vamos a ver es un Pleno que de repente va a resolver asuntos en paquete o asuntos muy rápidos sin discusión, porque si se discutiera asunto por asunto, tendríamos un retraso gigantesco en la impartición de justicia”.
Casos urgentes y decisiones aplazadas
La actual Suprema Corte de Justicia de la Nación dejará pendientes de alto impacto. Entre ellos:
- Los amparos fiscales relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego, que involucran a Elektra, Total Play y TV Azteca.
- Impugnaciones de compañías del programa IMMEX por el IVA en servicios digitales.
- Acciones de inconstitucionalidad sobre la militarización del espacio aéreo.
- El caso sobre los “superpoderes” de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral.
- La disputa sobre el aborto y el financiamiento público para garantizarlo.
Otros temas de gran calado incluyen los derechos de infancias trans, la venta de comida chatarra en universidades, y la posible inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, una figura criticada por organismos internacionales y cuya discusión ha sido postergada por meses.
Para Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos, uno de los casos que resultarán más afectados es precisamente este último, ya que si no lo resuelve la actual Corte y se deja para las y los nuevos ministros, implicará una demora de meses y esto tendrá un impacto en las casi 45 mil personas que se encuentran privadas de la libertad bajo esta figura.
“Van a tener que tomar una decisión de priorizar casos, eso también lo van a tener que hacer porque no van a poder resolverlo todo. Entonces, tendrá que organizarse un ejercicio de priorización y lo que siempre se critica en este tipo de ejercicios es que eso tiene que ser transparente, no puede ser una cosa opaca en lo oscurito, en sesiones privadas. Si se supone que uno de los grandes logros que dice el gobierno que tuvo la Reforma Judicial fue aumentar la transparencia, pues tienen que informar qué van a hacer, cuál va a ser su estrategia, qué casos son prioritarios y en qué orden van a ser discutidos”.
Tensión institucional y rediseño del gobierno judicial
A nivel estructural, el nuevo Alto Tribunal enfrentará un rediseño del sistema de gobierno judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal desaparecerá, y en su lugar surgirán dos nuevos órganos:
- Órgano de Administración Judicial.
- Tribunal de Disciplina Judicial.
El primero gestionará recursos, personal y logística del Poder Judicial; y el segundo sancionará faltas y evaluará el desempeño de las juezas y los jueces.
Para Tapia Olivares, el nuevo modelo romperá con el principio de independencia y abrirá la puerta a injerencias políticas, sobre todo porque las personas que integren el OAJ serán designadas, no electas:
- Tres por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Una por el Senado.
- Otra por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el abogado, esta composición podría generar tensiones estructurales entre la Corte, el OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial, especialmente en temas como el control de recursos y las evaluaciones de desempeño.
“El Órgano de Administración Judicial es el órgano más importante en términos de presupuesto. O sea, el dinero lo tiene ese órgano. La Corte tiene un presupuesto sí asignado que maneja de manera autónoma, también el Tribunal Electoral, supongo que el Tribunal de Disciplina, pero en términos reales no significa el mayor porcentaje de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Ahora no he revisado este año, pero el año antepasado me parece que el presupuesto total rondaba los 75 mil millones de pesos y más o menos el 90% de eso lo manejaba el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ahí es donde está en realidad el poder, la necesidad de revisar que no haya corrupción porque es un mundo de dinero”.
Las expectativas de la nueva Corte
El primer desafío del nuevo Máximo Tribunal será nombrar a las personas que dirigirán el OAJ. A esto se suma la presión por cumplir con el plazo de seis meses para resolver los asuntos que cada ministra o ministro reciba, aunque existen mecanismos legales para solicitar prórrogas.
De hecho, Saavedra Herrera recuerda que el mensaje fue claro, y que será en los asuntos fiscales que afectan al erario público, donde las y los nuevos ministros deberán concentrar sus mayores esfuerzos.
El ministro presidente tendrá un mandato más corto
El ministro presidente entrante, Hugo Aguilar Ortiz, encabezará esta transición con menor margen que sus antecesores. Tendrá un mandato más corto y menos facultades, ya que no presidirá el OAJ.
En ese sentido, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM considera que Aguilar Ortiz deberá aprovechar al máximo el tiempo y construir consensos rápidamente.
En esto coincide Tapia Olivares, quien también señala que el liderazgo del nuevo presidente del Máximo Tribunal será vital, tomando en cuenta que es la persona que decidirá la agenda de los casos a discutir.
“Hemos visto en el pasado que una Presidencia tiene mucha influencia porque si, por ejemplo, decide no discutir asuntos importantes, se quedan ahí en espera y eso le beneficia a la administración, o lo contrario, si decide poner demasiados asuntos importantes en una sola sesión, genera mucha presión sobre la Corte. Vamos a ver cómo se va a construir la relación con los otros poderes, tanto simbólica como en términos de aparecer, digo simbólica porque aparezcan actos públicos y demás con las otras cabezas de los poderes y también al resolver los asuntos”.
Suprema Corte heredará una sobrecarga de expedientes
Finalmente, Saavedra Herrera considera que la reforma judicial aún enfrenta lecturas opuestas y que en ese marco, el Alto Tribunal no sólo heredará una sobrecarga de expedientes, sino también el peso simbólico de definir si el nuevo modelo será funcional, independiente y garante de derechos, o si —como alertan organizaciones— abrirá espacio a la subordinación política del Poder Judicial.
“Y esto va a ser clave porque creo que para ciertas personas la reforma ya es una reforma completamente que nos lleva o que determina el tránsito a un estado autoritario y para otras en realidad es la democratización del Poder Judicial. Unos van a estar esperando que fracase la reforma, y otros van a estar esperando o van a tener ciertas expectativas en que la reforma mejore, por ejemplo, la resolución de asuntos, etc. Y parte de lo que van a enfrentar y generar las juezas y los jueces, pero sobre todo la gente de más visibilidad como la gente de la Suprema Corte, pues es cumplir con estas expectativas”.
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