“Queremos llegar vivas a clases”: alumnas exigen seguridad en UAEM

Estudiantes y colectivas de la UAEM denuncian violencia institucional, omisiones y falta de seguridad tras feminicidios de alumnas ocurridos entre 2018 y 2026.

Escucha este especial de Perla Miranda.

 Perla Miranda

 

Aylín Rodríguez Fernández
Estudiante de Psicología

Kimberly Joselin
Estudiante de Contaduría

María Fernanda
Estudiante de Medicina

Mariana Leticia Valladares
Estudiante de Diseño

 

Todas eran alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entre 2018 y 2026, fueron víctimas de feminicidio. Todas en un mismo contexto. Uno donde la violencia no se contiene, donde las denuncias no bastan, donde las instituciones no responden como deberían.

 

Porque no solo fueron víctimas de desaparición y feminicidio. También de una violencia que no siempre se ve, pero que está presente en cada proceso que no avanza, en cada protocolo que no se activa, en cada autoridad que guarda silencio: violencia institucional.

 

 Estudiantes y colectivas de la UAEM denuncian violencia institucional 

 

En Morelos, la violencia de género mantiene un registro histórico continuo. Desde el 10 de agosto de 2015, el estado cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Esta medida opera de forma específica en ocho municipios: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla. Sin embargo, a más de una década de su implementación, hoy, Morelos se ubica en el primer lugar del país en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes.

 

El balance del primer trimestre de 2026 expone dos versiones sobre la dimensión del problema. Por un lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra formalmente 8 feminicidios y 26 homicidios dolosos de mujeres, en contraste, organizaciones civiles como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos señala que existe un subregistro por reclasificación de delitos. De acuerdo con sus monitoreos independientes, 32 de las 34 muertes violentas de mujeres ocurridas este año corresponden a feminicidios.

 

Ese contexto atraviesa a la universidad, pero no la exime. Desde 2021, alumnas y trabajadoras han denunciado agresiones al interior de la UAEM: acoso, hostigamiento y violencia sexual. Las acusaciones señalan a integrantes de la comunidad universitaria y también a la institución. Ali, integrante de la colectiva Morras contra la violencia institucional afirma a IMER Noticias que la violencia contra las estudiantes de la UAEM es sistemática y las autoridades académicas no han brindado las respuestas necesarias para erradicarla y hacer que las facultades sean un lugar seguro para ellas.

 

«Creo que es preocupante que no haya medidas de seguridad que nos permitan asistir a la universidad y tomar clases como en cualquier otra universidad, creo que sí hay una falta de condiciones de seguridad muy fuerte y muchas omisiones por parte de las autoridades, entonces creo que es de preocupación y de miedo. Lo que estamos pidiendo, que podamos estudiar en condiciones dignas porque queremos seguir estudiando, porque queremos llegar a clases y llegar a nuestras casas y seguir participando en la vida universitaria y para eso tenemos que estar vivos».

 

 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con una matrícula cercana a los 40 mil estudiantes distribuidos en distintos campus y unidades académicas del estado. Su campus principal se ubica en la colonia Chamilpa, al norte de Cuernavaca, sobre Avenida Universidad. A esto se suman sedes en Cuernavaca, Temixco y Cuautla.

 

Si bien, la universidad cuenta con una Unidad de Género, Igualdad y No Discriminación, así como con protocolos de atención para casos de violencia. Para Claudia, matriculada en la UAEM campus Chimalpa, esos mecanismos no son claros ni accesibles, y en caso de que las denuncias tengan un avance, la revictimización se hace presente.

 

“Muy pocas personas saben qué hacer en caso de sufrir acoso o violencia. En mi salón nadie conocía el protocolo. Entonces, aunque exista, no se difunde. Y eso hace que muchas no sepamos a dónde acudir y cuando decidimos denunciar en lugar de recibir apoyo siempre hay revictimización, una sale cuestionada en lugar de sentir acompañamiento, siempre se le culpa a la mujer por ser acosada o violentada”.

 

Claudia agregó que cuando no hay claridad en las rutas, cuando los procesos se vuelven largos o confusos, y cuando no hay información suficiente, la consecuencia es directa: las denuncias se frenan.

 

“Es una violencia que se ejerce desde la estructura. Puede ser por omisión o negligencia. Cuando no se actúa de manera oportuna, cuando se minimizan los casos o se retrasan los procesos, eso también es violencia institucional, cuando la revictimización es constante, cuando no hay sanciones ni seguimiento a las denuncias, no solo es omisión, es violencia”.

 

Colectiva Morras contra la violencia institucional: UAEM denuncian violencia institucional

 

Frente a ese escenario, las estudiantes comenzaron a organizarse. La colectiva Morras contra la violencia institucional surgió en 2021, a partir de una denuncia de abuso sexual dentro del Centro de Investigaciones Químicas. Pero no se trató de un caso aislado, fue el punto de partida.

 

Desde entonces, la colectiva ha acompañado a estudiantes que enfrentan un mismo patrón: denuncias que no avanzan, procesos que se vuelven confusos y una institución que no genera condiciones de confianza para denunciar.

 

No solo documentan casos, también evidencian fallas estructurales. A partir de ese acompañamiento, la exigencia ha sido clara: no solo reaccionar ante los casos, sino prevenirlos. En ese contexto, también se han cuestionado las respuestas de la rectoría. Los pronunciamientos de la rectora, Viridiana Aydeé León Hernández, han sido considerados por estudiantes y colectivas como insuficientes frente a la gravedad de los casos. Más reactivos que preventivos.

 

 

En entrevista con IMER Noticias, la Dra. Ydalia Pérez, integrante de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, afirma que el problema no es solo la violencia, sino la forma en que se responde.

 

“El problema está con la violencia institucional cuando las autoridades no participan de manera seria comprometida en prevenir, sancionar y erradicar estas violencias. Es muy importante que quienes dirigen las universidades, también los profesores y profesoras sepan que hay una alta responsabilidad de que no se generen espacios de violencia en las personas más jóvenes porque les interrumpe y les priva de tener un derecho al acceso a la educación eficaz, si tú vas a la universidad y tienes miedo de que te asalten, de que vayas a tener una agresión sexual incluso en los baños, en el salón, es muy delicado y además el tema de la impunidad es como si fuera la base que permite que todo esto esté sucediendo, la impunidad: lo hago porque puedo, no me va a pasar nada».

 

Desde el ámbito académico, la advertencia es clara, afirma la maestra Arabella Montes de Oca, especialista en Derechos Humanos con perspectiva de género:

 

“Y el tema de no tener una estructura dentro de las mismas universidades que goce de una plena autonomía para poder realizar una investigación de los casos, desde escuchar a las víctimas, pero también para poder de alguna forma atender a las mujeres, hacer investigaciones y dar una resolución es un punto central, sin esos órganos plenamente autónomos nos prestamos todavía a que sean resueltos los casos de conformidad, con intereses de la política interna que existe dentro de las universidades».

 

Hoy, la organización estudiantil ya no solo acompaña: también protesta. Estudiantes se movilizaron dentro de la universidad, a inicios de marzo convocaron a paro y el 30 de abril reanudaron clases, pero en su mayoría virtuales, puesto que exigen condiciones mínimas de seguridad dentro del campus, rutas claras para denunciar, acompañamiento efectivo y sanciones reales en los casos de violencia.

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos informó que el posible regreso a clases presenciales dependerá de los acuerdos alcanzados en cada unidad académica y de que existan condiciones mínimas de seguridad y bienestar universitario.

 

Cabe recordar que desde el pasado 30 de abril, varias unidades académicas mantienen actividades virtuales, principalmente en el campus Chamilpa. La universidad ha respondido con una mesa de diálogo y una carta de no represalias. Un primer paso. Pero para la comunidad estudiantil, no es suficiente. Porque mientras las respuestas sigan siendo reactivas, mientras denunciar implique desgaste, miedo o silencio, la violencia permanece.

 

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