Más de dos millones de hectáreas están concesionadas a actividades mineras en Áreas Naturales Protegidas, señalan organizaciones.
Escucha la entrevista con Beatriz Olivera, investigadora de Wildlands Network.
Redacción IMER Noticias
Organizaciones defensoras del medio ambiente urgen al Senado aprobar la reforma al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección del Ambiente (LGEEPA), que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, para prohibir la minería en Áreas Naturales Protegidas.
En la actualidad, una superficie de más de dos millones de hectáreas, lo que equivale al territorio del Estado de México, está concesionada a esa actividad, lo cual “es muy preocupante” recalcó Beatriz Olivera, investigadora de Wildlands Network.
“Se trata de proyectos que están invadiendo las Áreas Naturales Protegidas que deberían estar protegidas de todo tipo de actividad extractiva; sin embargo, la ley minera y la LGEEPA son muy laxas y permiten que se realicen este tipo de proyectos”.
Lo que se extrae es oro, plata, cobre y antimonio, minerales que no tienen una utilidad sustantiva, como sí los tienen los minerales para la salud. Además, son zonas donde habitan algunas especies endémicas, afirmó Beatriz Olivera.
“Estamos hablando que la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán tiene proyectos mineros, los Tuxtlas en Veracruz tienen proyectos mineros, la reserva del Vizcaíno en Baja California Sur también; la Sierra de Huautla y el Parque Nacional Los Mármoles en Hidalgo”.
Destacó que grandes capitales desarrollan este tipo de actividades y la gran mayoría de la derrama económica no se queda en el país.
Por ello consideró que, además de modificar el artículo 46 de la LGEEPA, que establece la prohibición de explorar y explotar hidrocarburos y otros minerales en las Áreas Naturales Protegidas, también se debe reformar la ley minera.
“La ley minera sí permite que se realicen este tipo de actividades en áreas naturales protegidas, pero también otorga bastantes privilegios a la minería; le otorga el privilegio para usar agua, para usar territorio; caracteriza a la minería como una actividad preferente de utilidad pública, contempla beneficios fiscales…”.
