“No es un regalo, es una lucha colectiva”: activistas destacan avances feministas en la Ciudad de México

La Ciudad de México es pionera en derechos de las mujeres, pero activistas advierten que persisten violencia, desigualdad salarial y estigmas.

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Guadalupe Franco

La Ciudad de México se ha caracterizado por ser pionera en el avance de los derechos de las mujeres, destacando la equidad política con la elección de tres jefas de gobierno en los últimos 29 años. Su activismo feminista desde la década de los 70´s permitió a la ciudad ser vanguardista en el país y en América Latina en la despenalización del aborto, legalizando la interrupción legal del embarazo.

 

Actualmente, la Ciudad de México, encabezado por el gobierno de Clara Brugada, mantiene un enfoque que garantiza la libertad, la igualdad y cero tolerancia a la violencia de género.

 

«Las mujeres en esta ciudad no están solas. Ese es el mensaje. Reitero, nuestra política es tolerancia cero hacia el feminicidio y hacia la violencia contra las mujeres».

 

La lucha popular y colectiva permitió que hoy la capital del país se posicione como una ciudad feminista que no se rinde ni retrocede los derechos alcanzados, destacó Paola Pacheco, coordinadora de la línea de condiciones democráticas de la organización civil SeraPaz.

 

«No es un regalo, no es una concesión, sino una lucha colectiva, una lucha popular, una lucha barrial, una lucha comunitaria y organizativa en torno a este marco, que garantice varios derechos de las mujeres, atendiendo hacia un marco normativo robusto, el acceso legal a la interrupción del embarazo ha sido muy importante y también cómo se han generado y se han construido instituciones especializadas en atención a la violencia de género y también donde se incentive la participación política de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Son avances importantes porque reconocen que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, no es un asunto individual aislado, sino un problema estructural».

 

 

«Generar espacios reales para las mujeres»

 

La Ciudad de México también lidera en el desarrollo de un marco legal progresista. Principalmente en derechos sexuales y reproductivos, así como protección a la violencia de género, leyes modernas contra la violencia digital y física e iniciativas legislativas que sientan precedentes nacionales como el sistema público de cuidados destacó Paola Pacheco.

 

«Consideramos que hay un marco institucional robusto, un marco normativo. Consideramos también que todo el sistema de cuidados está siendo como muy discutido y hay una política pública en torno a eso. Entonces, creo que vamos encaminados hacia una ciudad que esté garantizando es la discusión y en el marco de una política pública que englobe que sí, que discuta y que pueda generar espacios reales para las mujeres en este contexto».

 

No obstante, persisten pendientes para cerrar la brecha entre la ley y la realidad en el combate a la violencia familiar, sexual y el feminicidio. A pesar de que existen protocolos y mecanismos, las mujeres enfrentan de manera cotidiana la desigualdad, la revictimización y la impunidad, alertó Paola Pacheco.

 

«Y garantizar los derechos de las mujeres pasa por no solo pensar en políticas de tensión, sino a políticas de transformación. En donde de la voluntad política es imprescindible, es necesaria y pues para cerrar estas brechas implicaría transformar pues prácticas institucionales, invertir en estas políticas que ya están, garantizar un acceso real a la justicia y para conocer que la violencia que se vive contra las mujeres en el día a día es un síntoma de un orden desigual».

 

De acuerdo con datos del Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2026 la Ciudad de México se ubicó como como la segunda entidad federativa con mayor número de víctimas de feminicidio, secuestro, violación y corrupción de menores. Además, ocupa el primer lugar en extorsión a mujeres y delitos de violencia familiar.

 

 

Hay pendientes en materia de embarazo

 

La Ciudad de México también lidera en investigaciones por el delito de aborto, acumulando 1337 casos entre 2024 y 2025. Esto, a pesar de ser pionera en la interrupción legal del embarazo. Ello demuestra que en la capital del país persiste el estigma y la criminalización de la mujer, dijo Paula Rivera, gerente de operaciones de la organización civil Telefem.

 

«Hay algunos pendientes en esa área también que tiene que ver con la derogación del delito voluntario en el Código Penal Federal. Eso impacta directamente en las usuarias, en el personal de salud porque no hay armonización, vamos a llamarle en vez de de estandarización. Y la otra parte tiene que ver con lo social. Donde existe todavía estigma, donde hay esta criminalización simbólica donde existe todavía violencia institucional».

 

La falta de inversión en salud sexual integral genera desigualdad en el acceso y acompañamiento en los servicios de anticoncepción, aborto seguro y medicamentos afectando directamente a los grupos de mujeres históricamente vulnerables alertó Paola Rivera.

 

Por ejemplo, no es una invitación a que abortes, ¿verdad? O a que ejerces ese derecho. Esa es la consecuencia del resultado de no hacer inversión en salud sexual integral suficiente. Entonces, cuando nosotros pensemos en la prevención, necesitamos fortalecer la educación sexual integral. Para aunque esta sea la estrategia clave que nos permita disminuir los embarazos no deseados y para que nosotros podamos garantizar la autonomía reproductiva de las personas».

 

Otro desafío que las mujeres se enfrentan para ejercer su derecho a la autonomía reproductiva es el uso indebido de la objeción de conciencia, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reguló su aplicación en instituciones de salud. La desigualdad salarial de género es otra brecha que persiste en la Ciudad de México, donde las mujeres ganan en promedio 20 mil pesos mensuales frente a los 23 mil pesos de los hombres. Estas desigualdades y desafíos persistentes deben visibilizarse todo el año y ser motivo para continuar la lucha desde sociedad civil, gobierno y población en general por abrir caminos hacia la justicia y la igualdad en la Ciudad de México.

 

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