ONG’s denuncian ante la ONU que, en México, las personas migrantes y refugiadas siguen enfrentando condiciones que vulneran sus derechos humanos y les dificultan entrar al sector laboral.
Jessica Martínez
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante autoridades de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las personas en movilidad (refugiados y migrantes) en México enfrentan una serie de condiciones que vulneran sus derechos humanos. Desde la marginalidad, la xenofobia, y las limitantes para conseguir un empleo en el mercado formal.
Por parte de la organización Racismo MX, Ángeles Cruz, expuso la inacción de autoridades para atender a las personas migrantes, generando molestias en las comunidades locales.
“Ante la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades federales y locales, surgieron varios asentamientos irregulares de personas en movilidad. Lamentablemente, tanto el gobierno federal como los locales no promovieron procesos de cohesión social ni actividades comunitarias o iniciativas de sensibilización sobre los derechos humanos de esta población. Esto ha contribuido a la propagación de discursos racistas de las comunidades aledañas hacia las personas en asentamientos irregulares, lo que dado lugar a desalojos forzosos y otras formas de rechazo hacia las personas en movilidad”.
Desde la organización Asylum Access México, Lucía Chávez, expuso que, debido a la excesiva burocracia, las personas refugiadas hacen frente a dificultades para obtener permisos de trabajo, exponiéndolos a emplearse en condiciones precarias.
“Si bien, México ha avanzado en la formalización del empleo de las personas refugiadas y en contextos de movilidad, persisten barreras estructurales que impiden el acceso pleno a un trabajo digno. Entre ellas, destacan la falta de acceso a documentos migratorios oportunos, la discriminación en el mercado laboral y la exclusión financiera. Estas condiciones generan un alto riesgo de explotación laboral, trabajo forzado e incluso riesgo de que las personas sean sometidas a trata”.
Ante lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Comité de Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares de la ONU, a cuestionar y urgir al Estado mexicano sobre las garantías de derechos humanos de los migrantes y hacer recomendaciones para investigar y sancionar las violaciones cometidas.
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