El presidente López Obrador expropió Sac-Tun (antes Calica); Vulcan Materials aseguró que responderá jurídicamente por su territorio.
Fátima Guadarrama
La empresa Sac-Tun, antes Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, advirtió que la expropiación que hizo el gobierno de México de sus terrenos en Quintana Roo, mediante una declaratoria de área natural protegida, es una medida ilegal que “tendrá un efecto paralizante y de largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y México”.
En un comunicado, la empresa acusó que el decreto forma parte “de una serie de amenazas y acciones de la actual administración contra nuestras operaciones, que son legales y cuentan con las autorizaciones necesarias en el país”.
El área natural protegida es un terreno de 53 mil 227 hectáreas de los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, que eran propiedad de Vulcan Materials Company.
La empresa aseguró que “la expropiación de los terrenos y el puerto es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en el marco de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el T-MEC y otros tratados de inversión aplicables”.
Vulcan reclamó que este último acto los priva del uso de sus terrenos. En respuesta afirmaron que defenderán sus propiedades empleando “todas las vías jurídicas disponibles”.
Área Natural Protegida
El lunes por la tarde, el gobierno federal publicó una declaratoria de área natural protegida de un terreno que abarca tres municipios de Quintana Roo. Con ello, tomaron el puerto y la cantera de piedra caliza, propiedad Vulcan Materials Company.
Durante la mitad de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una disputa pública por esa área, ahora denominada Felipe Carrillo Puerto.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto en su edición vespertina del lunes 23 de septiembre. Establece que en ese territorio queda prohibido realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias. Tampoco se pueden abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción.
Vulcan posee cuatro predios y un puerto marítimo en el municipio de Solidaridad, los cuales ya fueron clausurados por el gobierno mexicano en mayo.
Sanciones de Estados Unidos
Senadores estadounidenses demócratas y republicanos propusieron una ley para evitar que López Obrador expropiara el puerto y los terrenos propiedad de Vulcan Materials.
Al momento de presentar su propuesta de ley, los senadores estadunidenses advirtieron que, si el gobierno mexicano se apoderase de los predios, inutilizaría el puerto de Vulcan para el transporte marítimo. Antes era utilizado por la empresa para trasladar la producción de piedra caliza de las canteras, que extraen desde la década de los 80.
“El plan del presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan Materials representaría una expropiación flagrante de una operación propiedad de EU legalmente permitida”, dijo la senadora republicana por Arizona, Katie Britt, el estado sede de la firma.
Las y los senadores proponen sancionar a todas las compañías de buques que hagan uso de la Terminal Marítima de Puerto Venado:
“Este comportamiento no será tolerado. Tras la controvertida reforma judicial en México, esta conducta sólo daña aún más la relación económica entre nuestros dos países”, externó el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine.
Por su parte, el senador Bill Hagerty señaló que el presidente no midió las consecuencias de esta decisión:
“Ningún país o presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de EU sin consecuencias”.
AMLO vs Vulcan
El Gobierno ordenó en 2022 suspender la operación de la mina por daños medioambientales que la compañía niega. En 2023, fuerzas de seguridad locales ocuparon el puerto aledaño desde donde la firma exporta su producción a Estados Unidos.
López Obrador dijo en julio que su objetivo —antes de terminar su gestión el 30 de septiembre— era lograr que la clausura de las instalaciones de la empresa estadunidense fuera “definitiva” en términos legales.
En mayo, el mandatario negó que la clausura de las instalaciones fuera una expropiación. Lo anterior como respuesta a unos comentarios del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien afirmó que la postura de México no era una buena forma de atraer inversiones.
Te recomendamos:
“No estamos expropiando, es una clausura”, responde AMLO a Blinken sobre Calica
