A siete años de que se puso en marcha la Ley Nacional de Ejecución Penal, los estados no han tomado las acciones necesarias para transformar el sistema penitenciario.
Rita Cerón
Senadores y especialistas reconocieron que persiste el reto de construir un sistema penitenciario más justo y efectivo, a siete años de la puesta en marcha de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Este rezago es resultado de la poca atención a los centros penitenciarias y que los estados no han tomado acciones para garantizar la reinserción social de los reclusos.
Hasta 2021, en México había 220 mil personas en esta condición, 94 por ciento hombres y el 6 por ciento mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI.
Además, en los centros penitenciarios estatales el 50 por ciento de la población ha compartido su celda con más de cinco personas.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, dijo que los reclusorios deben ser unidades que permitan a los reos tener una estancia digna y con respeto a sus derechos humanos.
Así como para que puedan construir una vida feliz y productiva durante el proceso de reinserción en la sociedad.
“De aquí sostenemos que los cambios tienen que ser más allá de lo normativo, realizar una auténtica revolución que sustente filosóficamente a todo el sistema penitenciario mexicano que ha sido una falla histórica. Tanto en el nivel estatal y federal, hay falencias en todo el sistema penitenciario”.
Humanizar a las y los presos
La senadora Martha Márquez dijo que es importante visibilizar las problemáticas que se viven en los reclusorios y “humanizar” las penas de quienes están privados de su libertad.
Por ello, es necesario construir un sistema que no sólo castigue, sino que brinde oportunidades para la reinserción social y permita a las personas rehacer sus vidas.
El director general del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, aseguró que no hay transparencia en las prisiones.
También los abogados defensores se les olvidó que deben seguir defendiendo a las personas privadas de su libertad, porque ahí es donde están en su más alto nivel de vulnerabilidad.
“A nuestras autoridades les interesa saber más dónde colocar el candado de afuera, pero no lo que ocurre al interior de las cárceles. Desafortunadamente, a las defensas se nos ha olvidado que debemos defender a las personas privada de la libertad”.
Una de las piedras angulares de esta Ley es la promoción de programas de reinserción social post penitenciarios, que tomen en cuenta a las personas después de salir de prisión.
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