El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) se pronunció contra el acceso parcial a material para la investigación de violaciones a derechos humanos.
Jennifer Olvera
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) expresó que no ha tenido acceso total a los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
A través de un pronunciamiento, el MEH expresó que los archivos son material crucial para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. En ese sentido, agregó que la falta de acceso constituye el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia.
Demandas del MEH
Por ello, el mecanismo demanda la garantía de transferencia total y de acceso de servicios y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN) que incluya los faltantes de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, los de la Dirección Federal de Seguridad y los del CISEN, que el CNI debe tener bajo su poder ahora.
Asimismo, exige el cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019, que ordenó a todas las oficinas de Gobierno transferir al AGN la totalidad de los documentos históricos que posean y que estén relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas a movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción.
Entre las instituciones señaladas por incumplir la instrucción se encuentran la Secretaría de la Nación (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y el CNI.
«Hasta el momento, el único expediente de CNI disponible para su consulta en AGN es el relativo al homicidio del periodista Manuel Buendía en 1984».
Además, demanda el cumplimiento del decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 que autoriza a personal de la COVEHJ a acceder a todos los documentos históricos de la Administración Pública necesarios para su investigación.
Otra demanda es el cumplimiento por parte del CNI de lo previsto por la Ley General de Archivos respecto a la transferencia de toda la documentación al AGN que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción.
«Preocupa especialmente que no esté disponible para su consulta aquella relacionada con violaciones a derechos humanos cuya consulta está garantizada por la LGA y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para 2020 debería haberse completado la transferencia total de documentos producidos hasta 1990».
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