Poco a poco, las libertades de la Isla de Hong Kong pueden verse cada vez más limitadas por el gobierno chino debido a la aprobación de la nueva ley de seguridad nacional para perseguir la disidencia política, con la que China busca mantener un control particularmente en las protestas sociales
Kayleigh Bistrain
Hasta hace poco, la isla de Hong Kong era una de las regiones chinas donde había más libertades. Pero la situación cambió drásticamente con la aprobación de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por el Gobierno central de China para perseguir la disidencia política.
Hong Kong regresó a ser parte de China en 1997, cuando el Gobierno británico le devolvió la isla al país asiático bajo un sistema que le permite contar con más libertades de las que hay en China continental.
En los últimos años, el Gobierno central había visto con preocupación las manifestaciones masivas que se han llevado a cabo en la isla en dos periodos, primero en 2014, cuando los ciudadanos buscaron tener mayores libertades democráticas y luego en 2019, cuando protestaron para preservar su grado de autonomía.
China continental lo interpretó como intentos separatistas y bajo la justificación de proteger la seguridad nacional emitió una ley sobre el tema, aunque tiene un objetivo de carácter político y de control.
Para Yádira Gálvez, especialista de la UNAM en seguridad nacional y política exterior, esta legislación fue una manera del Gobierno central de decirle a los hongkoneses que poco a poco va a buscar tener un mayor control sobre ellos, particularmente en lo que respecta a los movimientos sociales, disidencia política, libertad de expresión, acceso a internet y concentraciones públicas.
Amnistía internacional y la Oficina de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos han expresado su preocupación por la amplitud de las definiciones de los delitos, ya que da paso a la interpretación, y las penas altas, que en los casos más graves son de cadena perpetua.
Debido a esta ley, se tuvo que instaurar un comité y una oficina de seguridad nacional con funcionarios chinos que rendirán cuentas a Beijing.
Para la especialista, esta ley va a provocar que las personas dejen de hacer pública su oposición al Gobierno central. Además, se puede utilizar para perseguir opositores políticos, lo que ya ocurrió el lunes de esta semana, cuando la policía allanó la redacción del periódico Apple Daily y arrestó al dueño, Jimmi Lai, bajo el cargo de confabulación con países extranjeros, pero fue liberado bajo fianza tres días después. Ese tabloide apoyó las protestas del año pasado y criticó fuertemente al gobierno de Hong Kong, que es pro chino.
Han habido otras detenciones desde que la ley fue aprobada, pero hasta el momento no se sabe cuántos son porque todavía no hay un informe al respecto. Sin embargo, se sabe que la mayoría de los detenidos son jóvenes activistas.
Los acusados podrían ser llevados a comparecer ante cortes chinas, donde les darían las penas más severas. La nueva ley aplica tanto a hongkoneses como extranjeros o visitantes y no está sujeta a rendición de cuentas, razón por la que varios países de la Unión Europea han expresado su preocupación y desacuerdo.
La legislación también permite llevar a cabo acciones de seguimiento y vigilancia de las personas, lo cual viola el derecho de privacidad. Respecto a este tema, Yadira Gálvez considera poco probable que inspire leyes similares en Asia Oriental para aumentar la vigilancia a la población debido a que la política china es muy particular.
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