Las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Perú mantienen su lucha por la verdad, la justicia y el derecho a la memoria frente a la impunidad.
Escucha nuestra conversación con Gisela Ortiz Perea sobre la lucha de las víctimas por justicia en Perú.
IMER Noticias
La visita del papa León XIV a Perú abre una esperanza para las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes buscan que la Iglesia Católica escuche sus demandas de verdad y justicia. Así lo señaló Gisela Ortiz Perea, hermana de Luis Ortiz, estudiante de la Universidad La Cantuta, asesinado y desaparecido por el grupo Colina en julio de 1992, durante la dictadura de Alberto Fujimori.
En entrevista para IMER Noticias, Ortiz Perea explicó que las familias atraviesan un desgaste físico y emocional después de casi cuatro décadas de lucha. Además, advirtió que las leyes de amnistía representan una amenaza para el derecho a la justicia y mantienen la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.
Por ello, pidió que el Papa escuche no solo a las víctimas de la dictadura de Fujimori, sino también a quienes enfrentan otras formas de violencia, como los feminicidios, las esterilizaciones forzadas y las agresiones contra defensores ambientales y comunidades afectadas por la minería.
“Sin duda, la visita del Papa abre esperanzas de una iglesia que se conduela de las víctimas, de una iglesia que le dé sentido social también a ese rol que debería cumplir, una iglesia que comparta esperanza”.
Leyes de amnistía y obstáculos para la justicia
Al hablar sobre la impunidad, Ortiz Perea señaló que en Perú persiste una desigualdad clasista y racista que también afecta el acceso a la justicia. Recordó que el Congreso, con mayoría fujimorista, aprobó una nueva ley de amnistía, además de disposiciones sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad.
Según explicó, cerca de 100 personas procesadas por violaciones a los derechos humanos solicitaron acogerse a estas leyes. Mientras tanto, reconoció la resistencia de jueces y magistrados que rechazan su aplicación en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
A esta situación se suma la falta de acciones y recursos del Estado para localizar a las personas desaparecidas. Ortiz Perea señaló que alrededor de 19 mil peruanos y peruanas permanecen desaparecidos. En el caso La Cantuta, cuatro personas continúan sin ser localizadas.
“Tenemos cerca de 19 mil peruanos y peruanas en calidad de desaparecidos y una falta de preocupación, de presupuesto, de personal para buscarlos. En el caso Cantuta tenemos a cuatro de nuestros seres queridos aún desaparecidos”.
También denunció la estigmatización contra familiares, víctimas y activistas de derechos humanos mediante el llamado terruqueo, una práctica que consiste en señalarlos como terroristas cuando denuncian responsabilidades del Estado o participan en protestas.
La disputa por la memoria continúa
Sobre el avance del fujimorismo y el papel de Keiko Fujimori, Ortiz Perea advirtió que el negacionismo busca modificar la historia y limpiar la imagen de quienes cometieron delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Además, cuestionó que algunos sectores políticos presenten las condenas contra Alberto Fujimori como una persecución política.
La activista también señaló que las víctimas enfrentan el silenciamiento de algunos medios de comunicación y la falta de reconocimiento social. Consideró que esta situación responde, en parte, a que muchas de las personas afectadas pertenecen a comunidades campesinas y sectores económicamente desfavorecidos.
Frente a ello, destacó que las familias mantienen sus actos de memoria. Cada jueves realizan plantones frente al Palacio de Justicia para denunciar las leyes de amnistía y recordar a las víctimas. Estas acciones también buscan impedir que los crímenes queden en el olvido y vuelvan a repetirse.
“Las batallas por nuestras memorias son batallas cotidianas. Yo creo que el negacionismo está avanzando no solamente en nuestro país, sino a nivel de toda nuestra región”.
Finalmente, Ortiz Perea llamó a mantener la solidaridad entre las víctimas y sus familiares en América Latina. Sostuvo que compartir sus historias y denunciar las injusticias permite sostener una lucha que todavía enfrenta obstáculos.
“Creo que la solidaridad es un valor fundamental que puede permitir sostener la lucha de los familiares, ya sea a través de estos espacios que ustedes nos brindan, de la oportunidad de dirigirnos a una sociedad más grande que es nuestra América Latina y que podamos entender que solo juntos, solo atentos, solo denunciando estos hechos, de alguna manera vamos a lograr esa justicia social que hasta ahora no la tenemos”.
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