La SCJN ordenó citar a militares, abrir cuarteles y crear una Comisión Especial de Búsqueda por la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario en 2007.
Georgina Hernández
El 25 de mayo de 2007, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos y desaparecidos tras un operativo militar en un hotel de Oaxaca.
Ellos eran militantes del Ejército Popular Revolucionario, un movimiento guerrillero con presencia en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
En ese operativo participaron 37 soldados y dos oficiales del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen. Además, de decenas de efectivos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública del estado, entonces gobernado por el priista Ulises Ruiz Ortiz.
Después de 15 años, los familiares de Gabriel y Edmundo lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera a los hombres como víctimas y objetos de un delito de lesa humanidad.
La ministra Margarita Ríos Farjat y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo confirmaron el amparo que los familiares ganaron en 2019.
Ese año, el Juzgado Cuarto de Distrito emitió una sentencia de reparación del daño que no acató la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Fiscalía General de la República.
Familiares celebran fallo
Desde el plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el litigante Sandino Rivero celebró la sentencia de la Primera Sala.
“Nosotros estamos pensando también en órganos independientes. Expertos independientes que puedan hacer esta labor de búsqueda será algo que tendremos que revisar como familiares con nuestros acompañantes”.
La resolución no enlista los nombres de los militares que deberán comparecer. Sin embargo, sí indica sus grados militares: general de división, general de brigada, brigadier general,coronel, teniente coronel, teniente y mayor.
El fallo de la Corte va más allá de la declaración de militares. También ordena al Ejército abrir cuarteles para buscar a los militantes de EPR. Mientras que la FGR desplegará la sentencia en su página de internet hasta localizar a Edmundo y Gabriel.
Para Sandino, este fallo establece precedentes muy importantes en términos jurídicos y políticos para resolver casos de violaciones graves a derechos humanos.
Además, podría impactar en casos de desaparición forzada, tomando en cuenta que en el país hay más de 100 mil personas desaparecidas.
“La sentencia definitiva que en su momento emita la Corte tiene la oportunidad histórica de fijar criterios a la definición de las facultades de los jueces de Distrito en los casos de desaparición forzada”.
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