La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia detectó casos de explotación sexual infantil contra menores de 3 a 7 años.
Georgina Hernández
Entre 2022 y hasta abril de 2023, al menos 25 escuelas públicas y privadas en México reportaron casos de violencia sexual organizada contra niñas y niños de entre 3 y 7 años al interior de los planteles.
Es decir, agresiones ejercidas por múltiples adultos en contra de numerosas víctimas, mediante el uso de una violencia extrema e inusual y a través de la captura de las instituciones escolares.
Así lo reveló la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), en la actualización del informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas.
Los casos se reportaron en 11 estados: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California.
En entrevista para IMER Noticias, Mariana Gil, directora de la ODI, señala que desde 2011, una de las batallas que han tenido con las autoridades es que se investigue si es una sola red o son varias que operan en las diferentes instituciones.
“O sea, ya es muy llamativo que en todas las escuelas que hemos documentado y las que salen en los medios de comunicación. No es un agresor, son varios agresores. Entonces, eso es algo que se debería de tratar, por lo menos de prevenir. Cómo se están contratando, quiénes son estas personas, dónde trabajaban, por qué están ahí todas juntas.
Y, al contrario, en vez de hacer eso, la Secretaría de Educación Pública y las escuelas en general siguen encubriendo. Pareciera que hay una acción deliberada de que estos casos no se investiguen. No se haga ruido. Pasamos desde un encubrimiento de la misma escuela, de decir no pasa nada. Hemos notado mucho que, por ejemplo, tratan de acusar a un niño o a una niña del salón como el niño o niña problemático”.
Un delito invisibilizado
De acuerdo con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la falta de información ha impedido dimensionar el fenómeno de abuso sexual infantil organizado en las escuelas del país, las cuales habrían sido tomadas por criminales para producir material de explotación sexual infantil.
Mariana Gil enlista los patrones que ayudarían a identificar este problema:
- Participación de múltiples personas agresoras.
- Múltiples víctimas que sufren la violencia en grupos.
- Personal escolar facilita o encubre el abuso.
- Prácticas ritualistas y grotescas.
- Uso de disfraces y cámaras durante el abuso.
- Indicios de sedación.
¿Cuántas víctimas hay?
Los casos documentados por la ODI son 25, aunque Mariana Gil advierte que hay mucha cifra negra, pues muchas niñas y niños no denuncian, y quienes sí lo hacen, no siempre llegan a proceso.
Entre los factores para desistirse destacan tres:
- Familias que deciden ya no seguir con el caso.
- La desinformación, ya que las mamás y los papás no son apoyados para saber a dónde ir o qué hacer cuando llegan a la Fiscalías.
- El personal de las Fiscalías no tiene la especialidad para intervenir en este tipo de casos de violencia a niñas y niños que cursan preescolar o primaria.
“Los niños llegan a la Fiscalía, están ahí 22 horas. Les hacen la entrevista, el examen médico, todo a la misma al mismo tiempo sin descanso, sin preguntas adecuadas. Entonces, la mayoría no dice nada y entonces es ‘su hijo no tiene nada’.
¿Por qué un niño de tres años que acaba de ser víctima de una violencia muy fuerte le tendría que contar en un lugar a cinco personas que nunca ha visto en su vida que alguien le hizo algo?
O sea, no hay una preparación, no hay un tiempo. No hay una manera adecuada de hacer las preguntas a través de especialistas que se ganan la confianza de los niños y niñas. Entonces, vemos cuando vienen casos muy grandes o cuando vienen muchos niños y niñas. La Fiscalía lo que trata casi casi, esto es mi opinión personal, es descartar, en vez de investigar”.
La dimensión del problema en la red
Organizaciones internacionales han reportado las crecientes cifras del material de explotación sexual infantil expuesto en la red.
Reportes de Internet Watch Foundation refieren que además del aumento de imágenes de explotación sexual infantil en la red, durante la primera mitad de 2022 se crearon 20 mil páginas web de explotación sexual infantil.
Por su parte, World Vision indica que, en 2021, 82% del material de abuso sexual infantil en la red, era de niños y niñas con menos de 13 años de edad, y que 1% correspondía a menores de entre 0 y 2 años.
Mientras que INHOPE precisa que del material de explotación sexual infantil identificado en la red, las víctimas son: 96% niñas, 2% niños y 2% niños y niñas conjuntamente.
Ante estas cifras, Mariana Gil lamenta que las Fiscalías no están haciendo de oficio una búsqueda de posibles materiales de explotación sexual infantil ni pidiendo a un juez de control órdenes de cateo para que la Policía Cibernética pueda intervenir los aparatos electrónicos.
“En mi opinión, si en una escuela tú sabes que hay 15 niños y niñas que son víctimas o que han mostrado alguna sintomatología. Tendrías que solicitar de inmediato búsqueda de fotografías de ellos.
Además, solicitar órdenes de cateo tanto para computadoras de la escuela, cámaras de la escuela, celulares de las personas y luego si no, pues se los regresan. Lo que le pasa a la Fiscalía y lo que nos enfrentamos nosotros como litigantes es que la Fiscalía no hace líneas de investigación. Quiere tener la prueba para luego investigar”.
De acuerdo con Mariana Gil, la desinformación y la falta de acción por parte de las autoridades no sólo ha ocasionado que los números de víctimas, escuelas y estados en los que tienen lugar estos casos de explotación sexual infantil sigan escalando año con año.
Además, agrega, que, ante la falta de mecanismos de prevención y protección eficaces, se ha facilitado la reproducción del delito, y con ello, afirma, se ha dado un incentivo para seguir cometiéndolo.
“Las graves consecuencias son hacia la infancia. Son delitos que generan afectaciones emocionales de por vida.
Entonces, si los niños y niñas no son escuchados. No son creídos, no son protegidos, la consecuencia en su desarrollo emocional, físico, en su bienestar va a existir. La consecuencia de que los padres y madres no confíen en las autoridades, no denuncien, no quieran meter a sus hijos o hijas en escuelas.
Literal están vulnerados todos los derechos, no nada más a una vida libre de violencia, sino a la educación. Se supone que las escuelas deben de ser los lugares más seguros donde tú tienes que dejar a tus hijos, más seguros incluso si quieres que tu propia casa”.
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