La organización HRW identificó la falta de una estrategia entre Colombia y Panamá para garantizar los derechos de migrantes en el Darién.
Fabián Vega
Entre venezolanos, haitianos y ecuatorianos, más de medio millón de personas migrantes se enfrentan a un clima inhóspito, pero también a violaciones y abusos a sus derechos humanos, que no han sido atendidos de forma correcta por los gobiernos de Colombia y Panamá.
De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), que visitó El Darién entre 2022 y 2023, y gracias a más de 300 entrevistas con personas en movilidad, esta organización logró identificar deficiencias en los esfuerzos de ambos países para proteger y asistir a las personas en tránsito.
“Más de medio millón de personas cruzaron el Tapón del Darién en 2023, generalmente en dirección a Estados Unidos (…). Han sufrido graves abusos, incluyendo violencia sexual. Decenas, si no cientos, han perdido la vida o han desaparecido durante el cruce. Muchos no han sido encontrados.”
“Human Rights Watch documentó (…) cómo los grupos criminales abusan de ellos en el trayecto; y las debilidades de las políticas públicas de Colombia y Panamá para asistirlos, protegerlos e investigar los abusos cometidos en su contra.”
NEW: Colombia and Panama are failing to effectively protect and assist hundreds of thousands of migrants and asylum seekers in the Darién Gap and to investigate abuses there ⤵️🧵 https://t.co/vy0G2KOX7k pic.twitter.com/xeTPho14uw
— Human Rights Watch (@hrw) April 3, 2024
En su más reciente reporte “Abandonados en la selva”, la organización denunció que los derechos humanos de esta población no han sido garantizados, aun cuando tanto Colombia como Panamá forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que busca garantizar que todas las personas dentro de Colombia gocen de derechos tan esenciales como:
- Alimento
- Agua
- Servicios de salud
“Los gobiernos tienen la obligación de proteger el derecho a la vida y a la integridad física de quienes se encuentren en su territorio, incluyendo las de migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, y de investigar las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva. Además, ambos gobiernos tienen la obligación, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador, de tomar las medidas adecuadas para garantizar, sin discriminación, el acceso a alimentación, agua y servicios de salud esenciales a todas las personas que se encuentren en su territorio.”
No existe estrategia entre Colombia y Panamá: HRW
De acuerdo con la organización, Colombia no cuenta con una estrategia que ayude a salvaguardar los derechos de la población migrante:
“El gobierno carece de información fiable sobre el número de migrantes que cruzan hacia Panamá y sus necesidades humanitarias, lo que afecta la capacidad de las autoridades para garantizar eficazmente el acceso a alimentación, agua y saneamiento.”
Mientras que, por su parte, Panamá no cuenta con las políticas públicas, ni las medidas adecuadas para garantizar un trato digno y respetuoso de sus derechos dentro del país, o de las estaciones migratorias de Panamá.
“Más que en atender sus necesidades, la política parece enfocarse en restringir la libre circulación de migrantes y solicitantes de asilo dentro de Panamá y en buscar su rápida salida hacia Costa Rica.”
Por lo que Human Rights Watch preparó una serie de recomendaciones para los gobiernos de ambos países, así como dirigidas a Estados Unidos:
Colombia:
- Aumentar la presencia y la capacidad de las instituciones nacionales y locales en el Urabá, incluyendo Migración Colombia, ICBF, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
- Apoyar a los municipios de salida a través del establecimiento de un presupuesto específico para que puedan responder a las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y asegurar que sus planes de desarrollo tengan en cuenta la llegada y el tránsito de migrantes y solicitantes de asilo y que establezcan planes adecuados de contingencia y respuesta.
- Garantizar que los fiscales investiguen el rol del Clan del Golfo en el transporte de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién, asignando fiscales del grupo de trabajo para investigar la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos relacionados en la región del Urabá.
- Garantizar que cualquier cese al fuego o negociación futura con el Clan del Golfo incluya protocolos y salvaguardas claras para impedir que el grupo amplíe su control territorial y cometa nuevos abusos.
- Trabajar con las organizaciones humanitarias para realizar encuestas periódicas sobre el número de migrantes y solicitantes de asilo en el Urabá, identificar sus necesidades y compartir esta información con el gobierno panameño de forma regular.
Panamá:
- Trabajar con la ONU y las ONG humanitarias para desarrollar un plan de contingencia intersectorial para responder a la situación en el Darién y garantizar la asistencia y la protección a las personas migrantes, los solicitantes de asilo y la población local, teniendo en cuenta las necesidades de grupos específicos y considerando su etnia, origen, raza, edad, género, discapacidad y orientación sexual.
- Modificar la estrategia de “flujo controlado” (también llamada “flujo humanitario”) para establecer un plan claramente articulado que tenga en cuenta las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo y garantice su derecho a solicitar asilo y a no sufrir ninguna restricción arbitraria de la libertad ambulatoria en el país.
- Mejorar las capacidades institucionales en la región del Darién, en particular las de la Defensoría del Pueblo, la ONPAR, el SENNIAF, el Minsa y el Ministerio de la Mujer, asegurando una mayor presencia de funcionarias mujeres y de traductores, y que estos organismos estén presentes en las comunidades indígenas o en las ERM.
- Aumentar la capacidad del centro de acogida para niños, niñas y adolescentes de Metetí y desarrollar, difundir y aplicar protocolos escritos para la identificación y el cuidado de niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados.
- Garantizar la plena aplicación del acuerdo de 2022 que permite a jueces y fiscales tener en cuenta el testimonio anticipado de migrantes y solicitantes de asilo para evitar la necesidad de una comparecencia en persona de las víctimas durante el proceso penal.
Estados Unidos:
- Establecer o ampliar vías seguras, ordenadas y regulares para la migración y mejorar la disponibilidad y flexibilidad de dichas vías para las personas que estén considerando cruzar el Tapón del Darién.
- Aprovechar el 40º aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, un instrumento internacional histórico sobre los derechos de las personas refugiadas en América Latina, para adoptar políticas respetuosas de los derechos humanos, en particular, mediante la implementación de un estatuto temporal de protección en toda la región para todos los venezolanos y haitianos.
- Financiar esfuerzos creíbles para mejorar la respuesta humanitaria en el Tapón del Darién, en especial para asegurar centros de recepción migratoria dignos y otros refugios; aumentar la asistencia humanitaria, mejorar las condiciones en los municipios de salida en Colombia y en las comunidades indígenas en Panamá; y prevenir e investigar los abusos, incluyendo la violencia sexual, contra los migrantes.
“Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje. Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos.”
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