En entrevista, Arturo García aborda operativos de Profepa en 122 zonas críticas para frenar tala ilegal y delitos ambientales en el país.
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Karen Tlali
En entrevista para Entrelíneas con Adriana Esthela Flores conversamos con Arturo García Gil, director de enlace en la Coordinación de Oficinas de Representación de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sobre los operativos realizados para clausurar aserraderos y asegurar madera de procedencia ilegal.
La Profepa identificó 122 zonas críticas forestales en 28 estados, de las cuales 13 son prioridad por su alta incidencia de delitos ambientales. Entre estas destacan la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, la selva Lacandona, el Parque Nacional de la Malinche, el Pico de Orizaba y Calakmul.
Sobre la importancia de estas zonas, García Gil señaló:
«Estas zonas críticas forestales son lugares con alta frecuencia de ilícitos forestales asociados a otros delitos que cometen grupos de taladores, lo que requiere y justifica la participación coordinada con fuerzas de seguridad pública.»
Entre los delitos detectados están la tala ilegal y el cambio de uso de suelo para desarrollos agrícolas e inmobiliarios, lo que afecta ecosistemas, acuíferos y biodiversidad. Además, se ha identificado la presencia de distintos grupos de delincuencia organizada en estas zonas.
Para garantizar la seguridad de los operativos, se coordina con la Guardia Nacional, la SEMAR, la Fiscalía General de la República y policías estatales y municipales.
García Gil señaló que, desde el inicio de la administración, se han ejecutado 10 operativos simultáneos en las 32 entidades federativas, lo que ha provocado cerca de 50 clausuras de desarrollos inmobiliarios.
En 2025, la Profepa recibió 8 mil 352 denuncias ambientales, de las cuales mil 753 correspondieron a delitos forestales.
«Desde luego, ninguna institución pública tiene la capacidad suficiente para tener permanentemente gente en territorio; pero si lo hacemos de manera inteligente y con estrategia, sí podemos estar haciendo ese tipo de acciones y obtener resultados que nos van a permitirán incidir en abatir esta problemática».
Los operativos buscan proteger los recursos naturales estratégicos del país y garantizar que los delitos ambientales sean sancionados con coordinación institucional.
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